El inspector, que dirigió la investigación policial en el caso contra el blanqueo de capitales, ha señalado que hizo un informe de las empresas de D.S. y que recuerda que en él se citaba que tenía negocios en Praga, información que posteriormente utilizó el imputado I.M.L. para demostrarle al empresario que era amigo del juez que instruía la causa.
Ha señalado que cree que los teléfonos de D.S. no estaban intervenidos, por lo que esa información no se podría haber descubierto por otros cauces, algo que se ha defendido en otras sesiones del juicio que se desarrolla en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra Urquía y otros tres imputados por ofrecer supuestamente favores judiciales a cambio de beneficio económico durante el "caso Hidalgo".
Ha explicado que la policía no encontró hechos delictivos en las empresas de D.S., ya que ellos no imputan presuntos delitos fiscales, algo que sí descubrió el equipo auxiliar con el que contaban de la Agencia Tributaria.
"Creo que Urquía no tenía ningún interés especial" en la imputación de ese empresario, ha indicado el inspector jefe, quien ha dicho que la orden del juez era que la investigación siguiera adelante.
Por su parte, el alférez de la Guardia Civil ante el que se denunciaron los hechos ha reconocido una relación de amistad con el gestor de las empresas de D.S., pero ha asegurado que lo conoció cuando presentó la denuncia y que esa amistad no ha influido para nada en la investigación.
El guardia civil ha explicado que cuando el gestor se dirigió al él no sabía que estaba imputado en el "caso Hidalgo" y ha reconocido que también tuvo contacto telefónico con otro de los imputados, A.F.A., y que se reunió con I.M.L., ambos encuentros a petición de ellos, pero que es algo "normal y corriente" en esas investigaciones.
Ha señalado que las reuniones posteriores que tuvo con el gestor de las empresas de D.S. fueron para "resolver algunas cuestiones" y que en todo momento se seguía lo que decretaba el Juzgado de Instrucción de Málaga.
En cuanto al imputado A.K., que fue recibido por la Guardia Civil en el aeropuerto cuando llegó de Bélgica, ha explicado que tenían información de que llegaba ese día y fueron a "invitarle" a declarar porque tenían noticias de que había pagado para salir de la cárcel.
El imputado reconoció que había abonado 60.000 euros para salir de prisión, donde había ingresado por el "caso Hidalgo", lo que se le comunicó al juez de Instrucción, que pidió que acudiera al juzgado.
Hoy también ha declarado el jefe de camareros del hotel de Marbella propiedad de D.S., que ha confirmado que I.M.L. le dejó un mensaje para que se lo trasladara a su jefe en el que decía que tenía que verle urgentemente y que era amigo de Urquía.
Otra empresaria de la localidad ha confirmado que A.F.A. se puso en contacto con ella para hablar también con D.S. y que le dijo que "algo iba a pasar en Marbella", aunque ella no pudo contactar con el empresario.
La presunta trama por la que se juzga a Urquía se basa en que supuestamente sus amigos I.M.L. y A.F.A ofrecieron por diversos cauces a D.S. la liberación de un hotel secuestrado judicialmente por el "caso Hidalgo" a cambio de 5 millones de euros, basándose en la relación que tenían con el juez y en la ayuda que podía prestar para ello.
Además, Urquía habría recibido dinero de A.K., que estaba en la cárcel por el mismo caso junto a su mujer y sobrino, para dictar un auto de libertad provisional para ellos.
El juez se enfrenta junto a estos tres acusados a una petición del Ministerio Público de dos años de cárcel, treinta de inhabilitación como juez o magistrado, uno de suspensión y multa de 8,1 millones de euros por dos delitos de prevaricación y cohecho.
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