La consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, quiso dejar claro ayer que, aunque aún no tienen establecido el “detalle” sobre cómo afectará a la Administración andaluza los recortes planteados por el Gobierno central, la Junta sí aplicará la reducción en función del sueldo a las retribuciones de todos sus trabajadores, incluídos los de las empresas públicas y demás entes dependientes de la Administración andaluza.
Según Moreno, “nadie entendería” que a un funcionario de la Junta se le aplicara una reducción del 5% de su sueldo y que no se hiciera con un trabajador de una empresa pública, aunque apuntó que dependerá de la naturaleza jurídica de cada una de ellas la aplicación.
La consejera de Presidencia también reiteró que, en espera del decreto gubernamental, el Gobierno andaluz “será responsable con el ahorro público” porque considera que las medidas, aunque impopulares, “son necesarias e imprescindibles” para la recuperación económica.
Así, señaló que una vez conozcan el decreto la Junta elaborará su propio plan de ajuste que presentarán ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera en 22 de junio, aunque se debatirá en el Parlamento andaluz con los grupos parlamentarios antes de esa reunión entre todas las comunidades.
Moreno señaló que el Gobierno andaluz tiene que ser “prudente en el detalle” porque desconoce aún el alcance que tendrán las medidas del Ejecutivo central sobre los presupuestos andaluces, además de que dependerá el marco general de déficit y porcentaje que se establezcan para cada una de las comunidades autónomas.
De hecho, lamentó que, ante la falta de concreción de esas medidas, la oposición, de la que no esperaban muestras de apoyo, contribuya “a aumentar la confusión y opten por la alarma social”, anunciando “falsas bajadas de pensiones que crean más alarma social de la necesaria”.
Asentada en esa prudencia, Moreno no quiso aclarar si la reducción para altos cargos también será de obligado cumplimiento para la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) o para los órganos de extracción parlamentaria, como la Cámara de Cuentas o la Oficina del Defensor, por ejemplo.
“La naturaleza jurídica de las distintas empresas públicas es diferente”, por lo que variará según el decreto final del Gobierno central, aunque Moreno apuntó que espera que esas instituciones y organismos, “que corresponden al ámbito de lo público, tomen decisiones responsables y contribuyan al ajuste presupuestario”.
En cuanto a la rebaja de los alcaldes y ediles, señaló que corresponde al ámbito de los partidos políticos y que el Gobierno andaluz no ha entrado a debatirlo.
Sin embargo, el vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, anunció ayer que van a plantear reuniones con los partidos, “especialmente” con el PP, para buscar un acuerdo por el que los alcaldes y ediles de todas las formaciones también se bajen el sueldo, como harán los socialistas, conforme a la rebaja de entre el 5 y el 15% que el Gobierno aplicará a los empleados públicos.
Velasco subrayó que están “dispuestos a hablar con el PP y con los demás partidos, pero especialmente con el principal partido de la oposición”, para alcanzar este acuerdo común relativo a los sueldos de los munícipes andaluces de todas las formaciones políticas para lanzar “un mensaje de unidad y, sobre todo, de acción común en cuanto al ejemplo que tenemos que dar los políticos”.
El sueldo de las estrellas de Canal Sur, también
También PSOE-A pidió ayer que la reducción salarial que afectará a los funcionarios y empleados públicos de la Junta afecte también a las “estrellas” y directivos de la RTVA, una medida que considera “razonable para ser coherentes” con los planes de ajuste de la Junta y el Gobierno.
Así lo planteó el portavoz socialista en la comisión de control y seguimiento de la RTVA, Miguel Ángel Vázquez, en la que defendió que se exija una bajada de retribuciones a “las estrellas” contratadas por el ente público y a las productoras que trabajan con la cadena, al considerar que es una medida que se debe hacer con “progresividad y que la solidaridad debe proceder especialmente de parte de quien más recibe”.
Vázquez hizo esta propuesta después de que el director general de la RTVA, Pablo Carrasco, anunciara que serán “respetuosos” con las medidas que adopte la Junta sobre recortes de retribuciones en el sector público.
Carrasco afirmó que hará “un ejercicio de responsabilidad” y será “consecuente” con esas medidas de ajuste. No obstante, pidió prudencia por respeto a los trabajadores, al convenio colectivo y a los profesionales que ocupan puestos directivos.
Con anterioridad, el portavoz del PP, José Luis Rodríguez, reclamó al director general de Canal Sur una reducción “inmediata” de su sueldo y que acometa una rebaja de los sueldos de los 44 directivos que cobran, según dijo, entre más de 90.00 y 120.000 euros anuales.
Chamizo pide apoyo para los más vulnerables
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, pidió ayer en el Parlamento a las instituciones que, pese a la crisis, sigan manteniendo las medidas de apoyo necesarias para aquellos sectores sociales “más vulnerables” y que, obligatoriamente, necesitan del “compromiso insustituible” del Gobierno.
Así se pronunció Chamizo durante el debate en comisión del Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz de 2009, donde explicó que “la crisis se está prolongando más allá de lo previsto” y que está afectando a los “elementos estructurales de la economía y la administración andaluza”.
Además, señaló que cada vez “son más evidentes los síntomas de endeudamiento de las arcas públicas” y, por ende, “más visibles las dificultades que afrontan las instituciones públicas para seguir siendo, a la vez, un motor para una economía desfalleciente y una salvaguarda para las personas afectadas por esta situación”.
Aconsejó a “aquellos que hablan de austeridad” que escuchen “los testimonios de los que necesitan ayuda” ya que, según indicó, el “rostro cotidiano de la crisis es el de miles de ciudadanos asfixiados” y reclamó a la Junta que ponga en marcha “planes de ayuda que impulsen el acceso a los créditos” a familias más desfavorecidas y que obligue a las entidades financieras a que “establezcan con claridad los criterios y parámetros que utilizan para conceder o denegar préstamos para VPO”.
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