La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha contrastado este sábado, ante la hipotésis de que su departamento acabe concediendo indultos a diversos políticos condenados por malversación, que "el señor Griñán, que está recibiendo tratamiento oncológico, no se llevó un solo euro a su bolsillo", para contraponer a ello que la expresidenta del Parlamento de Cataluña y presidenta de Junts, Laura Borrás, "ha cometido una prevaricación, ha utilizado de forma espuria los recursos públicos, por eso ha sido condenada".
En una entrevista con la Cadena Ser Andalucía, a la ministra se le ha preguntado por los posibles indultos a ambas figuras políticas, con el matiz de que en el caso de las ayudas concedidas por el Gobierno andaluz a los expedientes de regulación de empleo, conocidas como el Caso ERE, el tribunal sentenciador, como sí sucede en el caso de Laura Borrás, no solicitó el indulto para los condenados.
Sobre el indulto de las personalidades condenadas en el Caso ERE, la titular de Justicia ha sostenido que "es un procedimiento que está en el Ministerio de Justicia" y que "todavía estamos recabando información", antes de precisar que "haremos las propuestas que sean necesarias" y que "no hay plazos para la resolución de los indultos".
En el supuesto de Borrás, para quien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha propuesto el indulto, Llop ha sostenido que cuando llegue esa propuesta del tribunal que la sentenció "se le dará el mismo tratamiento como a todos los indultos", después de recordar que "el expediente lo hace el tribunal sentenciador".
Tras enumerar las causas que prevé la normativa sobre indultos, como "equidad, justicia y utilidad pública" la ministra de Justicia ha apuntado que en el caso de Borrás "aún no es firme y cabe recurso de casación ante el Supremo", mientras que cuando reciban su expediente "lo estudiaremos y tomaremos una decisión".
"Este Gobierno tiene tolerancia cero hacia la corrupción", ha proclamado la ministra.
Este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Borrás a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018. No obstante, plantea un indulto parcial para que no entre en la cárcel.
La sentencia la condena por los delitos de prevaricación y falsedad documental y también le impone una multa de 36.080 euros por 18 contratos menores tramitados entre 2013 y 2017, además de la inhabilitación durante tres años para ejercer cargo público.
Sin embargo, el propio tribunal propone un indulto parcial para Borrás que rebaje la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tendría que entrar en la cárcel.
Una magistrada del tribunal añadió un voto particular en el que considera que Borrás no cometió falsedad documental sino que solo la indujo, por lo que cree que no debería ser condenada a más de 21 meses de prisión, y sostiene que la inhabilitación que se le aplique debe afectar únicamente a cargos con facultad de contratación.
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