La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha defendido la legalidad de los contratos de emergencia en su departamento y ha contraatacado ante las denuncias de la izquierda exponiendo el "abuso" de este tipo de contratación en anteriores etapas socialistas, los contratos verbales "sin un mísero papel" y las "obras fantasma".

Carazo, que ha comparecido en comisión parlamentaria, ha explicado que desde 2019 se han realizado en Fomento 81 contratos de emergencia para carreteras, por 63 millones, todos "cumpliendo exquisitamente los requisitos legales", con "las revisiones oportunas" de los servicios jurídicos y de la Intervención en la Junta.

En el caso concreto de los contratos con Barveal, cuya adjudicación ha sido denunciada por el PSOE por no estar en el registro de licitadores ni tener empleados o actividad previa reconocida, Carazo ha asegurado que "ha sido totalmente legal" y que las obras se han realizado "en tiempo y forma".

Ha señalado que, según la ley de contratos del sector público, no es necesario que estén inscritas en el registro de licitadores para una obra de emergencia, ha defendido que no es un contrato a dedo porque se invitó a otras empresas y ha explicado que el criterio siempre, si es posible, es que los candidatos sean de la provincia, en este caso Cádiz.

Ha cuestionado si sólo pueden trabajar y tener contratos públicos las grandes empresas y ha lamentado que el PSOE dude de las pequeñas empresas o con poca experiencia, cuando esos trabajos se han realizado "en tiempo y forma".

La consejera ha replicado a la ofensiva socialista con datos de sus anteriores gobiernos, ya que "abusaron de manera descarada" de la contratación de emergencia en Fomento, con 49 contratos por 32 millones sólo en 2018, su último año en el Gobierno andaluz: "En un año más de la mitad de los que ha tenido la Consejería (del PP) en cuatro años".

Además, ha expuesto que en algunos de ellos se puso en riesgo la ejecución, que el Gobierno socialista no aplicaba criterio de descarte y que eran "los reyes de las obras fantasma", las que se pagaban y no se hacían, y las que se hacían pero no se pagaban.

Los ejecutivos socialistas encargaban de forma verbal obras y después no las pagaban, según Carazo, que ha puesto un ejemplo en Jaén por el que la Junta ha tenido que pagar 660.000 euros vía judicial tras la reclamación de la empresa que la llevó a cabo.

Se han tenido que rescindir contratos de obras no realizadas, como la autovía de la Almanzora, la carretera Darro-Iznalloz en Granada, un distribuidor de Málaga o el tramo Casapalma-Cerralba, que han costado 28 millones, algunos ejemplos de una lista "mucho más larga".

"Quieren que la gente piense que todos somos iguales y no lo somos, nosotros no hacemos lo que ustedes hacían", ha señalado Carazo, quien cree que no van a conseguir "desprestigiar" al Ejecutivo ni a ella porque han cumplido con la legalidad, se auditan "a diario" y han puesto "negro sobre blanco" todo lo que hacen.

Ha ligado estas denuncias a su candidatura a la Alcaldía de Granada y ha opinado que el PSOE puede "insistir en mentiras, medias verdades y poner toda la maquinaria mediática en marcha", pero "los hechos son los hechos".

Carazo ha asegurado que pocas administraciones "son tan garantistas" y ha desgranado la contratación de emergencia de 2019 a 2021: 2,6 millones en 2019; 15,6 millones en 2020 y 36,4 millones en 2021.

EL PSOE BUSCA AL "PADRINO O MADRINA" DE LA ADJUDICACIÓN

La diputada del PSOE Isabel Ambrosio ha cuestionado quién es "el padrino o la madrina" de las adjudicaciones a Juan Veas y a Barveal, empresa de su hija, que se constituyó en 2020, con pérdidas y un solo trabajador, pero tras la adjudicación vino "el milagro empresarial", con beneficios por 1,2 millones y nueve empleados, manteniendo como actividad "restaurantes y puestos de comida".

Ha acusado a Carazo y al Gobierno andaluz de estar "haciendo todo lo posible para que nadie se entere" de lo ocurrido, con una falta de transparencia, de rigor y de "compromiso con el dinero público".

Además, ha recordado que en el contrato con Barveal quedaba prohibido subcontratar a otras empresas, ante lo que ha preguntado a la consejera si lo han comprobado.

Ha cuestionado también si hay "una caja b" en la dirección general que permita conocer datos ocultos y ha afeado a la consejera que quiera "extender la tinta de calamar" con sus acusaciones de las épocas anteriores del PSOE.

La socialista considera que la exposición que ha hecho este jueves Carazo de los datos de gobiernos socialistas "denota que está incómoda con este asunto" y que en sus últimas horas como consejera "se le está atragantando el caso emergencias", como el PSOE denomina a este asunto.