La edil socialistas María Miralles asegura que conservaría su acta puesto que se considera inocente
La jueza instructora del caso 'Astapa', Isabel Conejo, que investiga la presunta trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), imputó ayer a la concejal socialista María Miralles el presunto delito de prevaricación, según explicó a su salida del juzgado su abogado, José Carlos Aguilera.
A su salida de los juzgados, Miralles aseguró estar "muy tranquila porque desde que entré en política lo que hecho ha sido trabajar, trabajar y trabajar". Preguntada sobre si dejará su acta de concejal, aseguró que "como me considero inocente, conservaría mi acta, aunque hay que pensarlo y hablarlo con mi partido para ver que es lo mejor para Estepona".
Durante el mandato 2003-2007 Miralles fue responsable, entre otras, del área de Disciplina Urbanística. Actualmente es concejala de la Mujer y de Cultura. En el caso de que Miralles no renuncie a su acta y pase a la oposición dejaría al PSOE con seis concejales y al gobierno con nueve ediles frente a los 16 que integran la oposición.
Miralles engrosaría, de ocurrir eso, el grupo de no adscritos que está compuesto actualmente por las dos ex concejalas del PES, Francisca Bernal y Carmen Ocaña, así como por los cuatro ediles expulsados del PSOE al negarse a entregar sus actas a pesar de resultar imputados en el caso 'Astapa', como son Francisco Zamorano, Mariví López, Asunción López y Marisa Rodríguez; y también el ya ex andalucista Rafael Montesinos.
Tras conocer la imputación de Miralles, el alcalde, David Valadez (PSOE), aseguró que habrá que "valorar el nuevo escenario político y adoptar las necesidades que se consideren oportunas", si bien insistió en que el acta de concejal "le pertenece a ella" y no quiso aclarar si la edil había comunicado ya de manera oficial su deseo de conservarla o renunciar.
Al margen de Miralles, también prestaron declaración hoy, pero como testigos, el concejal de Infraestructuras, Eduardo Alarcón; el portavoz del PSOE y concejal de Hacienda y Educación, Antonio Sánchez; la concejala de Asistencia y Desarrollo, Lina Rivas (PA); y el que fuera concejal de Juventud en el pasado mandato por el PA, José María García, que actualmente no tiene ninguna responsabilidad política.
La jueza aplazó a la próxima semana la comparecencia del alcalde, que declarará por tercera vez en calidad de testigo. Con la imputación de Miralles, ya son 60 los imputados en el caso Astapa, de los cuales 37 se encuentran en libertad sin fianza, 19 en libertad con fianza y cuatro están en prisión. Se trata del ex alcalde, Antonio Barrientos, de su jefe de gabinete, José Flores, y de los concejales del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina.