Salvador Zotano esta acusado de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental
El concejal de Urbanismo de Manilva, Salvador Zotano (PSOE), ha sido citado a declarar como imputado el próximo 28 de junio en relación a una serie de “presuntas irregularidades” en la construcción de un complejo de apartamentos turísticos cuando era alcalde de la localidad.
La denuncia fue presentada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona por el empresario José Jiménez, y el escrito dice que tanto Zotano como el ex gerente de Urbanismo, Juan Herrera -también citado a declarar como imputado-, podrían haber cometido presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias y falsedad documental el pasado mandato.
Los hechos se remontan al mes de diciembre del año 2006, cuando el Ayuntamiento de Manilva concedió la licencia de primera ocupación “irregularmente al promotor”, ya que una parte del complejo invade zona de dominio público y otra parte de las instalaciones “está levantada sobre una superficie de unos 4.000 metros calificada como zona de especial protección de viñedos”, señala el denunciante.
A pesar de las reiteradas denuncias presentadas en el Ayuntamiento, Salvador Zotano le concedió la licencia de apertura a los apartamentos, según la denuncia de Jiménez.
“Lo hicieron deprisa y corriendo, a través de la Gerencia de Urbanismo, antes de la celebración de las elecciones municipales de 2007”, ha señalado.
Por su parte, el edil de Urbanismo, Salvador Zotano, ha afirmado que la querella fue interpuesta por el promotor porque le denegó la licencia de primera ocupación al invadir su obra suelo público, y ha añadido que no se la concederá “hasta que no se restituya el interés público”.
Según Zotano, el juez archivó la causa pero la Fiscalía ha pedido que declare “para que no haya vicio en la instrucción”, aunque esta querella ha derivado “en un enfrentamiento entre los dos socios de la promoción”.
Tanto Zotano como Herrera han presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona en el que piden “el sobreseimiento de la causa”.