El proyecto está acabado en un 80 por ciento. Las obras civiles están finalizadas y la empresa adjudicataria completa en la actualidad el montaje de los equipos electromecánicos. La Junta, por tanto, mantiene la intención de cumplir con el plazo establecido para la puesta en servicio de las mismas, a finales de 2010.
La EDARU que compartirán Almonte y Rociana del Condado tratará 5.577 m³/d de agua residual de 30.672 habitantes. Esta aglomeración urbana contaba anteriormente con una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) con tratamiento de lagunaje. La que se construye en la actualidad está declarada de Interés General del Estado, y está diseñada para el tratamiento biológico mediante aireación prolongada y tratamiento terciario para la eliminación de fósforo.
La estación de Bollullos, por otro lado, se proyectó para realizar el tratamiento de 2.713 m³/d de agua residual y sus fangos correspondientes a una población calculada de 26.550 habitantes. Se trata de una ampliación de las instalaciones puestas en marcha en 1998. La aplicación de un tratamiento más riguroso para la eliminación de nutrientes también merece Interés General del Estado.
El presupuesto de ambas estaciones asciende a 10,1 millones de euros y las instalaciones darán servicio a 57.222 personas cuando estén en funcionamiento según la proyección poblacional de estos municipios.
En total, la Consejería de Medio Ambiente prevé la inversión de 53,7 millones de euros en el plazo de cinco años en la comarca del Condado de Huelva y el entorno de Doñana. Actualmente ya se han ejecutado o se están ejecutando obras por 13,1 millones de euros para saneamiento, depuración y abastecimiento y está contemplada una inversión de 40,6 millones de euros con el horizonte temporal de 2015 que establece la Directiva Marco de Agua europea para que todas las poblaciones dispongan de un tratamiento adecuado de aguas residuales.
La Ley 7/1985 otorga a los municipios competencia plena para el ejercicio de la prestación de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y tratamiento de aguas residuales. Los ayuntamientos los pueden gestionar con sus propios medios o bien mediante su asociación supramunicipal de gestión. No obstante, la escasa capacidad económica de la que estas entidades locales disponen para el ejercicio de estas competencias motiva que en la práctica totalidad de ellas se solicite el auxilio de la Junta de Andalucía.
La Comunidad Autónoma emprendió en 2005 un ambicioso programa de actuaciones para impulsar la progresiva construcción y modernización de este tipo de instalaciones, prestando el apoyo técnico y económico a la administración local. En estos años, Medio Ambiente ha conseguido que más del 83 por ciento de los andaluces se beneficien de infraestructuras de depuración y avanza hacia el servicio pleno.
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