La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, cuarta creada por una comunidad autónoma española, ha recibido en su primer semestre 40 denuncias contra ayuntamientos y alguna contra la Junta de Andalucía sobre irregularidades en los ámbitos urbanístico, de selección de personal y presupuestario.
Su director, el magistrado Ricardo Vicente Puyol, ha asegurado en una entrevista con EFE que al menos ocho de esas denuncias han resultado positivas y, aunque aún no se ha llegado a imponer sanción alguna, admite que "en algún caso es posible" que vaya a haberla (su capacidad de sancionar es potente, hasta los 100.000 euros).
"No son temas extraordinariamente relevantes, afortunadamente no ha llegado de momento ningún gran caso de corrupción; determinada irregularidad a corregir en el ámbito urbanístico, en el ámbito de la selección de personal, en el ámbito presupuestario, pero no tienen trascendencia", señala.
SALTO CUALITATIVO CON EL CANAL DE DENUNCIAS
Prevé un "salto cualitativo con la presentación de la página web y el canal de denuncias" de esta nueva oficina y que, con "la salvaguarda de todos los principios rectores de protección de la persona denunciante", animará a funcionarios públicos, sobre todo, y a particulares a presentar denuncias.
En cuanto a la prevención, esta oficina -de la que aún no hay una equivalente de ámbito estatal en España-, ha elaborado una guía de buenas prácticas en materias de contratación pública y de selección de personal sobre criterios éticos profesionales que se deben seguir en la administración.
En los casos de denuncias que han resultado positivos, donde la Oficina Antifraude ha considerado que tienen cierta relevancia y ha exigido explicaciones, la reacción de las administraciones ha sido "muy buena" y han aportado información.
Si este órgano estima que concurren elementos en una denuncia para valorar la posible existencia de una irregularidad, se pone en conocimiento del órgano encargado de su represión o corrección y se hace un seguimiento de la propuesta efectuada en cada caso.
En este sentido, la referida oficina se interesa por las sanciones impuestas en caso de que procedan y por las responsabilidades derivadas y depuradas, precisa Ricardo Vicente Puyol, que destaca que los sectores más proclives al fraude son la contratación pública y la selección de personal.
PARECIDO AL DEFENSOR DEL PUEBLO, PERO PUEDEN SANCIONAR
El responsable de la Oficina Antifraude la ha asimilado a la institución del Defensor del Pueblo en cuanto a la forma de funcionamiento; aunque esta se queda en efectuar una propuesta, mientras que la de lucha contra la corrupción puede hacer seguimiento e incluso sancionar incumplimientos de deberes legales con este órgano.
Nombrado en octubre de 2021 para el cargo, cree que los resultados de la Oficina Antifraude se verán a medio o largo plazo cuando tenga mayor proyección pública y ahora asegura estar en una "labor comercial" de presentación del organismo que encabeza.
Fue juez nada menos que en Marbella de 2007 a 2011 e instruyó casos que le curtieron en anticorrupción política y administrativa como el denominado "Minutas", contra el abogado y expresidente del Sevilla FC José María del Nido, que fue encarcelado al ser condenado a siete años y medio de prisión por prevaricación y malversación.
La sentencia consideró probado que entre 1999 y 2003 el entonces alcalde marbellí Julián Muñoz y Del Nido -como letrado- idearon una red para desviar en su beneficio dinero público del Ayuntamiento de Marbella, una trama en la que el abogado facturó millones de euros por servicios jurídicos que nunca prestó.
Otros causas que llevó este magistrado fueron la "Operación Goldfinger", ligada a la recalificación urbanística de la parcela de la antigua casa marbellí del actor Sean Connery; el caso Pinillo y muchos convenios urbanísticos irregulares. Un destino judicial -el de Marbella- donde confiesa que lo pasó "mal" y "fue duro".
EL CORRUPTO, EL PEOR DELINCUENTE
Al corrupto lo califica como "el peor tipo de delincuente que hay, aquel que no es consciente de la condición delincuencial, actúa en un marco de impunidad interno, es muy difícil" y lo ve como "muy problemático en el marco procesal, hacen uso de todos los mecanismos procesales para evitar el reproche y eso entorpece mucho la labor de jueces y fiscales".
Este magistrado de carrera desde 2001 estuvo 14 años destinado en la provincia malagueña; ha pasado de la represión de la corrupción a su prevención, de "cirujano" a la "salud pública" en esta materia, y prevé volver a la esfera judicial cuando acabe su mandato como director de la Oficina Antifraude.
Recuerda que Andalucía es la segunda administración pública más importante de España con 297.000 funcionarios, más que Portugal o Suiza, y que además de ese ámbito de actividad, le compete el control de los 804 ayuntamientos andaluces y las universidades públicas de esta comunidad.
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