En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez adopta la decisión "compartiendo íntegramente" el criterio de la Fiscalía, que pidió el sobreseimiento provisional de las actuaciones aunque consideraba que había indicios de "mala praxis administrativa" en la gestión de listas que se produjo de forma continuada en el tiempo y "extendida" en la administración de la que depende el centro (SAS).
Argumentaba la Fiscalía su petición de sobreseimiento provisional en que la investigación supondría "una grave afectación" a la intimidad de miles de ciudadanos, ya que obligaría a una auditoría completa de "miles de historias clínicas" para la aportación de pruebas que acreditaran la falsedad documental denunciada por la trabajadora que destapó las supuestas irregularidades.
Ademas dichos historiales deberían ser escrutados por miembros ajenos a la administración sanitaria, sin secreto médico profesional, de ahí que abogara el fiscal por el archivo provisional hasta obtener datos con valor probatorio de la naturaleza penal de las posibles infracciones, datos que podrían desprenderse de las actuaciones que desarrolle la Agencia de Protección de Datos.
El juez instructor considera "adecuado", como propone la Fiscalía, acreditar "aun indiciariamente la exclusión -como primer paso de la investigación penal- de la posibilidad de que los hechos no hayan superado la barrera del ilícito administrativo", antes de poner en marcha mecanismos de investigación penal que de por sí supondrían una "afectación grave" al derecho a la intimidad.
El magistrado acuerda por ello el sobreseimiento provisional hasta obtener datos concretos "con valor probatorio de la naturaleza penal" de las posibles infracciones cometidas y de sus responsables, información que podría derivarse de la Agencia Española de Protección de Datos.
Decreta remitir a ese organismo el testimonio de las actuaciones practicadas por la Fiscalía y de las aportadas por la denunciante, una empleada del centro que denunció también un comportamiento de acoso laboral a consecuencia de su negativa a participar en las supuestas manipulaciones en el sistema de gestión de listas de espera.
Respecto al supuesto acoso laboral, el magistrado ha acordado continuar las actuaciones como pieza separada y tomarle testimonio.
Tras este sobreseimiento, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, consideró que estas irregularidades podrían deberse a "errores administrativos", pero rechazó la manipulación, que sí pedirá el PP investigar en el Parlamento andaluz.
Montero no encuentra ninguna fundamentación a la mala praxis
De igual modo, la consejera de Salud, María Jesús Montero, aseguró ayer que no ha encontrado "ninguna fundamentación" que sustente el hecho apuntado en el auto de la Fiscalía de Granada de que existan indicios de "mala praxis administrativa" en la gestión de las listas de espera y de que dichos indicios revelen, además, el que esta mala praxis esté extendida a otros hospitales públicos.
En declaraciones a Europa Press, Montero señaló que en la "lectura rápida" que ha hecho de dicho auto "no he encontrado ninguna fundamentación que sustentara tal afirmación, más allá de la valoración que pueda hacer el fiscal".
No obstante, aseguró que "si la Fiscalía o los jueces entienden que las resoluciones administrativas que desarrollan el decreto de listas de espera pueden ser mejoradas, evidentemente me gustaría saber cual es su fundamento para poder incorporarlo a la mejora de la gestión".
Aún con todo, puntualizó que desde su departamento están siendo prudentes con dicho auto, "ya que no hemos tenido tiempo material de estudiar con detenimiento todas las cuestiones que contiene", si bien aprovechño para recordar que lo que ha planteado el fiscal "es el archivo y el sobreseimiento temporal de las diligencias relativas a las lista de espera y su remisión a la Agencia de Protección de Datos por si este organismo entiende que debe de actuar, con la petición eso sí de que si encuentra indicios de alguna cuestión lo devuelva al juzgado", reconoció.
Sea como fuere, recordó que las diligencias por mobbing, "motivo fundamental de la denuncia que presentó la demandante", continúan y que "sólo en un 10 por ciento" de las cuatro millones de intervenciones quirúrgicas realizadas desde 2003 en este hospital granadino se han anotado incidencias en el registro de demanda quirúrgica, "bien fuera de anotación, suspensión temporal, baja o cualquier otro movimiento".
"Eso significa que el 90 por ciento de esa lista de espera había transcurrido sin ningún tipo de anotación en el registro", resaltó Montero, quien subrayó que en su momento "también tomamos medidas por si había errores administrativos que se podía mejorar en el registro, como en el de certificar las listas de espera por parte de los jefes de servicio y la consulta en Internet".
En cuanto a la comisión de investigación solicitada por el PP, Montero declaró a Europa Press que los 'populares' "siempre quieren llevar cualquier asunto al ámbito del escándalo y las comisiones de investigación", hasta el punto, dijo, "de que son actuaciones a las que ya nos tiene acostumbrados".
Aún con todo, declaró que el sistema sanitario público andaluz "tiene el control más garantista y trasparente del conjunto del Estado", toda vez que reprochó que "otras comunidades gobernadas por el PP, como la de Madrid, está excluida del computo de lista de espera a nivel del SNS, ya que no quiere adoptar la forma que el real decreto plantea", zanjó.
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