En el acto de su toma de posesión para un segundo mandato, al que asistió el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, el dirigente empresarial demandó, ante la escasez de recursos públicos, una buena administración de los mismos.
"Las empresas sevillanas no necesitan más paños calientes, sino políticas reales que les ayuden a salir de esta crítica situación", sentenció Herrero, quien añadió que Sevilla "no puede permitirse que los responsables políticos miren para otro lado".
Por su parte, el presidente del Observatorio Económico de Andalucía (OEA), Joaquín Aurioles, consideró que el recorte de empresas públicas debe "ampliarse" y no se debe ceñir sólo a la Junta sino también a "todo el entramado público empresarial", esto es, al ámbito local y también a entes como las fundaciones, considerada "una deformación de la intervención pública en la solidaridad de la sociedad civil".
En declaraciones a Europa Press, Aurioles, que precisó que este asunto será abordado esta semana por el OEA, reconoció que el proceso de reestructuración de empresas públicas es "algo complicado y delicado", de forma que "no es algo que le vaya resultar fácil, al tener costes, tanto económicos como de otro tipo; será un esfuerzo duro y costoso".
No obstante, consideró que la Junta "no tiene alternativa y debe abordar esta reestructuración, pero no sólo para cumplir con los compromisos asumidos por el Estado a nivel comunitario para rebajar la deuda y el déficit, sino para mantener la sostenibilidad del modelo del bienestar".
Por ello, consideró "conveniente" revisar el conjunto de entramado de empresas públicas, instituciones y consejos "que se han desarrollado en los últimos tiempos en torno a los presupuestos de la Junta".
En ese sentido, apuntó la necesidad de "revisar cuáles de esas instituciones no funcionan, ver si son muy caras y aplicar criterios de eficiencia, estos es, trabajo óptimo a coste mínimo".
Consideró por ello, que las empresas públicas que "se justifican" son aquellas que "produzcan bienes y servicios, pero no bienes de difusión gratuita, como la sanidad o la educación, que no deben ser gestionados por empresas públicas, salvo algunos programas específicos de inversión, que tengan un carácter más inversor".
Apuntó que entes como las fundaciones públicas deben también entrar en esta reestructuración, toda vez que "son una deformación de la intervención pública en la solidaridad y propios de una economía intervencionista como la nuestra".
Precisó que las fundaciones "originariamente eran instituciones que se concebían para vehiculizar, manifestar y canalizar las inquietudes solidarias privadas, no públicas, pero ese concepto ha degenerado en el actual".
El PP ve imprescindible reducir el sector público
Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, advirtió ayer que ante la crisis económica y la situación de paro en Andalucía resulta "imprescindible, urgente e inmediato" que desde la Junta se adopten medidas de austeridad que pasen por la reordenación del sector público empresarial andaluz.
En rueda de prensa, Sanz dijo que ante esta situación y una vez conocidos los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) algunas administraciones están "tomando medidas" pero en el caso del Gobierno andaluz estas medidas "brillan por su ausencia" y se dedica a "triplicar" el sector público empresarial.
Según el dirigente del PP, resulta imprescindible que desde el Gobierno andaluz se pongan en marcha medidas de austeridad que, en su opinión, deben comenzar por adelgazar un sector público empresarial que al final hace que la administración sea "más lenta y burocrática" que lo que debería.
Antonio Sanz indicó que la comunidad andaluza es la que "más despilfarra" y la que "más ha engordado", hasta el punto de contar en la actualidad con 317 entidades públicas con participación de la Junta de Andalucía, una cifra que supera con creces a las que tiene la administración central.
En opinión del dirigente del PP, esta situación no resulta "ni lógica ni coherente" ante la situación de la economía andaluza, por lo que su partido va a plantear en el Parlamento una interpelación al Gobierno andaluz en la que se reclama la puesta en marcha de medidas de austeridad.
Lamentó que al sector público se destinan 5.000 millones de euros mientras que a los 771 ayuntamientos se destinan 1.200 millones de euros, y añadió que la Junta debería ser "mucho más valiente y ambiciosa" a la hora a abordar medidas.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
