Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas físicas bajaron el pasado año respecto a 2021 en todas las comunidades autónomas excepto Extremadura, donde subieron un 7,51 %; Baleares, un 6,47 % más; y Galicia, un 1,55 %, mientras cayeron más en País Vasco (-21,33 %) y La Rioja (-19,83 %).
Según los datos dados a conocer este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que cierran 2022 con las cifras del cuarto trimestre, en todo el año pasado se produjeron en España 14.148 certificaciones de vivienda por ejecución hipotecaria o embargos para su venta tras el impago de un crédito, casi dos tercios en Andalucía (25,9 %), la Comunidad Valenciana (20,2 %) y Cataluña (18,5 %).
En cifras absolutas, en Andalucía se registraron 3.660, en la Comunidad Valenciana 3.344; en Cataluña 3.136 y en Madrid 1.443.
Además, se produjeron otras 2.703 sobre viviendas de personas jurídicas, también en mayor medida en Andalucía (26,0 %), Cataluña (19,4 %) y la Comunidad Valenciana (18,1 %).
Sumando ambas, en todo el país hubo en 2022 16.851 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, un 18,57 % menos que en 2021, al caer un 6,54 % respecto a las que eran propiedad de personas físicas y un 51,35 % respecto a las que eran propiedad de personas jurídicas.
La comparación con 2019, antes de la pandemia, ofrece como resultado un descenso en conjunto del 38,70 %, pero una subida del 91,66 % en las viviendas de personas físicas frente a una reducción del 86,56 % en el caso de las personas jurídicas.
En este caso, por comunidades autónomas, las ejecuciones sobre viviendas de personas físicas se dispararon un 234,48 % en 2022 respecto a 2019 en la Rioja, un 181,97 % en Murcia, un 145,83 % en País Vasco, un 139,00 % en la Comunidad Valenciana, un 127,27 % en Navarra y un 103,11 % en Andalucía.
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