Esta parte del juicio por corrupción político-urbanística en Estepona llega dieciséis años después de que se abriera el procedimiento
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga comienza el próximo martes las declaraciones y la fase de prueba del caso Astapa, contra la corrupción política-urbanística en Estepona (Málaga), dieciséis años después de que se abriera el procedimiento.
El juicio comenzará con el bloque relativo a las actividades en materia de disciplina urbanística, según han informado a EFE fuentes judiciales, que han precisado que este apartado ocupará tres sesiones, los días 7, 8 y 9 de marzo.
El juicio se dividirá en diez bloques, como ya se hizo con el caso Malaya, sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, formula que ayudó a agilizar este macroproceso en el que, debido al numero elevado de acusados y partes personadas en el procedimiento, se complica el desarrollo de la vista oral.
Otra semejanza con el caso Malaya, que fue seguido en toda España no sólo por la relevancia económica y social sino por la complejidad para su celebración, es que las sesiones se celebrarán solo algunos días de la semana, para que los letrados puedan seguir atendiendo sus despachos.
El martes se empezará con uno de los bloques, en concreto el bloque tres, en el que sólo se acusa al exalcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos por supuestas irregularidades en materia urbanística en su etapa como alcalde entre los años 2003 y 2008.
La Fiscalía lo acusa de haber dejado sin resolver, de forma consciente o por intereses políticos, cerca de un millar de supuestas infracciones por edificación en suelo no urbanizable, ampliación de viviendas o movimientos de tierra para evitar el coste en las urnas que tendría sancionar a vecinos del municipio.
Barrientos se enfrenta a una pena total de diez años y nueve meses de prisión y treinta y ocho años de inhabilitación por los delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
El procedimiento se inició en 2007, hace 16 años, y ahora hay casi 50 acusados (entre los que se encuentran exconcejales, empresarios y empleados municipales), después de que se haya retirado la acusación para cuatro y otro haya llegado a un principio de acuerdo.
La investigación se inició en noviembre de 2006 cuando dos concejales socialistas presentaron en Madrid, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, un escrito acompañado de abundante documentación en el que denunciaban que en el entorno del Ayuntamiento de Estepona se podían estar cometiendo delitos relacionados con la corrupción.
El Tribunal ya ha resuelto parte de las cuestiones previas y ha rechazado incluir un nuevo bloque en el juicio, como había pedido el fiscal, para abordar el origen de la investigación, que las defensas de los acusados han cuestionado por su supuesta vinculación con el comisario José Manuel Villarejo.
Además, se declaran nulas las escuchas telefónicas y se archiva la causa contra cuatro personas.
En este sentido, uno de los abogados defensores, José Carlos Aguilera, ha señalado a EFE que este caso está todo basado en las escuchas, ahora declaradas nulas, y que por tanto toda la causa está contaminada.
Tras anularse las escuchas muchos acusados se han reunido con sus letrados para estudiar qué estrategias seguir antes de declarar, "quizás lo más oportuno sería acogerse a su derecho de no declarar ", ha precisado Aguilera.
El letrado ha aludido a la "doctrina de los frutos del árbol envenenado" para reclamar la nulidad radical, "en cadena", de todas las actuaciones.
