Asimismo, señaló que el Reglamento de Disciplina Urbanística apunta que “todas las viviendas aisladas no se pueden regularizar porque la idea de conjunto que tiene la Junta, y que nosotros compartimos, es que la ciudad se extienda como una mancha de aceite; es decir, cohesionadamente y no como una isla” . De esta manera defendió el modelo de desarrollo urbanístico del ejecutivo socialista, para añadir que la solución al problema vendrá de la mano de una posible regularización de las viviendas más cercanas al centro urbano, no así las viviendas “en zonas aisladas porque se les puede considerar fuera de ordenación”.
Según la alcaldesa, a las personas que se les reconozca que están fuera de ordenación urbanística se les abre la posibilidad de obtener escrituras públicas y determinados servicios. Sin embargo, aquellas viviendas que han usurpado vías pecuarias se alejan de las competencias municipales al haber contravenido las normas de la Consejería de Medio Ambiente. En el primero de los casos, según Caro, serán los propios propietarios quienes asuman el coste de la instalación eléctrica, agua potable, etc. Se trata de esos casos que el Ayuntamiento reconocerá como “edificios” que se pueden plasmar en un registro público. “Ésta es la única solución que hoy día permite la Ley”.
La alcaldesa quiso responder sobre todo a Alternativa Independiente Progresistas (Ai-Pro), para señalar que “cualquier otra vía para regularizar viviendas no será admitida por el Reglamento de Disciplina Urbanística. Ello no implica -explicó Caro- que se vaya a iniciar un proceso de demolición y de restauración del orden, lo cual sólo se hace en vías pecuarias u otros zonas no permitidas por la Ley.
En otros términos, que aquellas barriadas que se han construido a cierta distancia del centro urbano tendrán que esperar “a que el pueblo llegue allí” en su expansión para una posible regularización, según adelantó Caro, quien admitió que el PGOU podría contemplar esas zonas hasta ahora ilegales si cambia la Ley urbanística vigente”.
“No hay afán recaudatorio”
Caro concluyó este asunto asegurando que no ha sido el equipo de Gobierno el que ha iniciado el debate sobre una posible regularización de viviendas ilegales, “lo que hemos hecho es plantear en un pleno la obligatoridad de un ayuntamiento de sancionar las viviendas que no son legales porque no han sido construidas con un proyecto, no han pagado sus tasas... y están creando una injusticia con las viviendas legales”.
“Si guardo en un cajón las sanciones, estoy incumpliendo la Ley, y entonces, precisamente, las administraciones superiores que tienen que aplicar esa Ley podrían ir contra esta alcaldesa. No teníamos un afán de recaudar más, sino de equiparar las sanciones urbanísticas y dar la oportunidad de fraccionar esas sanciones para pagarlas cómodamente. Cualquier otra solución no la va a aprobar la Junta, porque lo que persigue es cohesionar los pueblos y que no haya islas, sino que los pueblos crezcan de manera uniforme”, concluyó la regidora Josefa Caro este asunto.
Entre la demolición y la prevención
Ecologistas en Acción se ha pronunciado sobre la problemática de las viviendas ilegales, considerando que la prevención es fundamental para evitar nuevos casos y que la Junta debería no sólo sancionar sino obligar a la restauración del orden. El grupo conservacionista aboga por la demolición de todo lo ilegal construido hasta ahora, por impedir que las construcciones ilegales cuenten con acceso rodado, conexión a la red eléctrica o al abastecimiento de agua. Igualmente, pide que todos los casos se denuncien a la Fiscalía y que no se considere a las asociaciones de propietarios de viviendas ilegales como interlocutores válidos para modificar planeamientos urbanísticos de cara a una posible regularización.
La legalización sólo es posible para los ecologistas en aquellas construcciones en las que, por su antigüedad hayan prescrito las infracciones urbanísticas. Del mismo modo, Ecologistas en Acción pide que no se tome como excusa la existencia de las urbanizaciones ilegales para recalificar más suelos en su periferia y que todas las cesiones de viales, equipamientos, zonas verdes, etc. se realicen en el interior de estas urbanizaciones ilegales, procediéndose a la demolición de aquellas edificaciones que sean necesarias para posibilitar estas cesiones.
En el caso de una posible regularización de determinadas zonas, esperan que las urbanizaciones dispongan de una correcta depuración de sus aguas residuales y un compromiso temporal de cierre de pozos ciegos.
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