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Andalucía

Adelante pedirá en el Parlamento una red pública de supermercados con precios "asequibles"

El Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha registrado en el Parlamento una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Pleno

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  • El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García. -

El Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha registrado en el Parlamento una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Pleno con la que, de entrada, quiere que la Cámara autonómica inste al Gobierno de la Junta a "diseñar una red de supermercados de titularidad pública que se desarrolle por todo el territorio de Andalucía y accesible a toda la población con el fin de garantizar el derecho a la alimentación saludable y digna para todos los andaluces y andaluzas".

Así se recoge en el primero de la decena de planteamientos que sustenta esta iniciativa parlamentaria de Adelante Andalucía, consultada por Europa Press y que el grupo del que José Ignacio García es portavoz quiere que se debata en el Pleno de la Cámara.

Para la creación de dicha red de supermercados públicos, Adelante plantea en esta PNL que se impulse "una compañía de distribución pública con logística de distribución propia que garantice un precio suficiente en origen y un precio asequible al consumidor final".

"Con el fin de llegar a la población que más lo necesita, se desarrollará en la red de supermercados públicos una gama de productos de primera necesidad para garantizar la accesibilidad a los grupos sociales económicamente vulnerables", propone también la iniciativa del grupo que conforman los diputados José Ignacio García y Maribel Mora.

De igual modo, Adelante quiere que el Parlamento inste a la Junta a "fijar un sistema de precios asequibles de los productos básicos en la red de supermercados públicos" propuesta, que "se limiten a cubrir costes de compra, logísticos, laborales, de funcionamiento y de suministro".

Además, la iniciativa emplaza al Gobierno andaluz a "asegurar que el pago de unos precios dignos y justos a los agricultores y ganaderos que contraten con la red de supermercados públicos impulsados por la Junta de Andalucía, de forma que se fomente el empleo agrario y ganadero de calidad que ayude a impulsar el empleo rural y a fijar la población de las zonas rurales".

"Establecer una tabla de salarios dignos para los trabajadores de la red de supermercados públicos que son objeto de esta proposición" es otra de las reivindicaciones que Adelante traslada a la Junta, además de la de "comprometerse a reducir la huella ecológica a través de un sistema de distribución y comercialización de carácter local y de proximidad".

Asimismo, la PNL de Adelante quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "priorizar en los supermercados públicos los productos ecológicos, de 'kilómetro cero' y de cercanía", así como a "promover el consumo de productos andaluces, favoreciendo así un desarrollo endógeno de Andalucía que descanse en una economía basada en el reparto de la riqueza y la socialización de los beneficios económicos".

Finalmente, Adelante propone en esta PNL que la Cámara andaluza inste a la Junta a "considerar la función social de la cadena alimentaria fomentando la economía cooperativa y social para democratizar dicha cadena priorizando el papel de los productores y los consumidores".

En la exposición de motivos de la proposición no de ley, el grupo de Adelante subraya que "la escalada de la inflación, que ha alcanzado cotas sin precedentes cercanos, ha afectado muy especialmente a las mayorías sociales en Andalucía, a lo que se une la necesidad de una transición hacia la reducción energética con un marcado carácter social y ecológico".

Para el grupo proponente, "la reducción del IVA a los alimentos de primera necesidad", del 4% al 0% "tal y como se recoge en el Real Decreto-Ley 20/22 del 27 de diciembre aprobado por el Consejo de Ministros, se antoja como una medida insuficiente y que no ha supuesto ningún cambio sustancial para contener los precios y para que las familias puedan acceder a un precio razonable a la compra de la cesta básica de productos".

Desde Adelante advierten además de que "informes como el de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que evaluó los precios de 1.180 establecimientos de 65 ciudades del conjunto del Estado, revelan que las subidas en la gran mayoría de supermercados han estado entre el 10 y el 15%, e incluso hay cadenas de supermercados en las que la escalada de precios ha superado estas cifras".

Al respecto, el grupo argumenta que "uno de los factores que condiciona de forma evidente el aumento de los precios de los alimentos es el sistema de oligopolio que, en la práctica, existe en este sector", donde "unas pocas empresas controlan casi la totalidad del mercado, a lo que se suma el papel que juegan en la cadena de suministros las empresas distribuidoras que siguen multiplicando sus beneficios aún en momentos de crisis e incertidumbre".

Además, desde Adelante advierten de que "el mercado de la alimentación, copado por las grandes empresas multinacionales, está desplazando y destruyendo al pequeño comercio local", y "los establecimientos de proximidad, que normalmente son regentados por autónomos o pequeñas empresas, se ven inmersos en una espiral por la que dependen de las decisiones de las grandes multinacionales del sector de la alimentación y la distribución en la fijación de los precios de los suministros y la gestión de 'stocks' mientras que cuentan un margen escasísimo a la hora de ajustar estos precios".

La iniciativa de Adelante parte también de la premisa de que "el objetivo fundamental de maximización de los beneficios de las grandes corporaciones del sector colisiona de forma evidente con el derecho al acceso de la población a una cesta básica de alimentos en un contexto andaluz de bajos salarios y de un paro estructural que supera, aún en los mejores momentos, en entre cinco y diez puntos la media estatal de desempleo".

Adelante concluye su argumentación defendiendo que "las políticas públicas deben orientarse, entre otros asuntos, a mejorar las condiciones materiales de vida de los y las andaluzas, por lo que es necesario tomar la iniciativa desde las instituciones autonómicas para revertir una situación que se está convirtiendo en uno de los mayores problemas y preocupaciones de la ciudadanía".

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