Los delitos urbanísticos condenan a dos alcaldes de la provincia de Málaga
Dos delitos urbanísticos han llevado a la inhabilitación para cargo público para dos regidores municipales de la provincia de Málaga, en concreto el actual alcalde de Canillas de Albaida, Antonio Gregorio Díaz Navas (PP), condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga a siete años de inhabilitación para cargo público de concejal o alcalde, y a una multa de quince meses por un delito de prevaricación urbanística, así como al ex regidor de Salares, Jorge Luis Fernández, también del PP, condenado por el Penal 7 a un año de prisión y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio.
Así, en el caso del alcalde de Canillas de Albaida, el tribunal considera aprobado que el alcalde concedió una licencia de obras de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable "con grave incumplimiento de la normativa reguladora de la concepción de licencias", según la sentencia a la que ha tenido acceso Efe.
Por todo ello, la sala ha acordado la nulidad de la licencia otorgada el 2 de noviembre de 2004 para la construcción de una vivienda unifamiliar en el paraje "El Mosquín", en el término municipal de Canillas de Albaida.
El tribunal también ha ordenado que se manden oficios a la Junta Electoral Central, a la Oficina del censo y al ayuntamiento "al objeto de constancia y ejecución de la pena de inhabilitación especial para cargo público".
En los hechos probados se relata que en 2006 el propietario de unos terrenos y un constructor edificaron una vivienda unifamiliar aislada en un terreno no urbanizable, y que presentaron la solicitud de licencia de obra al consistorio.
La solicitud se realizó sin el preceptivo proyecto técnico ni el de actuación, pero se concedió la licencia por decreto del alcalde, Antonio Gregorio Díaz Navas, en noviembre de 2004.
Asimismo, el tribunal considera que el alcalde omitió la reclamación de documentación técnica visada del arquitecto municipal, según se indica en la sentencia.
En los fundamentos de derecho se recuerda que el propio alcalde durante el juicio reconoció haber conseguido la licencia pese a la falta de documentación, pero se excusó "en que eran muy pesados".
Por todo ello, el tribunal ha destacado que el acusado actuó "con clara conciencia de la arbitrariedad e ilegalidad de la resolución", y que ha cometido una infracción de la normativa urbanística de manera "patente y grosera".
En el caso del ex alcalde de Salares, en la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el juez considera como hechos probados que Jorge Luis Fernández tenía pleno conocimiento de unas obras irregulares para la construcción de una vivienda unifamiliar ejecutadas en el paraje "El Pino" entre 2001 y 2007 sin la correspondiente licencia y en suelo no urbanizable.
El ex regidor, "plenamente consciente de la ilegalidad de los trabajos", hizo caso omiso a las advertencias de la secretaria municipal y a las denuncias interpuestas por el propietario de una parcela situada junto a la que se desarrollaron las obras.
Según la sentencia, Fernández no reparó en la denuncia presentada por este vecino en julio de 2005 y no ordenó el inicio de actuaciones para el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida, ni contestó a los requerimientos de información de la Junta de Andalucía.
Además, con la finalidad de dar a la construcción que se realizaba apariencia de legalidad, expidió en septiembre de 2006 un certificado afirmando que la vivienda estaba "totalmente terminada y reunía las condiciones necesarias de habitabilidad".
El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga también ha condenado al promotor de la obra, I. O. M, a un año de prisión, una multa de quince meses y su inhabilitación como constructor durante un año por un delito contra la ordenación del territorio.
Asimismo, el juez ha ordenado la demolición de la construcción y la plena reposición del terreno a su estado primitivo.
