Los partidos de izquierda han mostrado este miércoles su frontal rechazo al "negocio" para la sanidad privada con la orden de la Junta que contempla por primera vez tarifas para derivar la Atención Primaria a la privada y la utilización de hospitales del SAS para realizar pruebas y operaciones concertadas.
La orden, en la que se fijan por primera vez los precios que se abonarían a las empresas privadas en consultas de Atención Primaria y actuaciones hospitalarias, es considerada por los partidos de la izquierda el salto definitivo del Gobierno andaluz para abrir la puerta a la privatización sanitaria en la comunidad, aunque el PP lo ciñe al interés electoral de crear un "incendio" para ganar votos.
La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha advertido de que se trata del "paso definitivo" y la "puntilla" para "dinamitar" la atención primaria como se conoce actualmente, dentro de una "hoja de ruta trazada y premeditada" por el presidente, Juanma Moreno, "para deteriorar lo público y empujar a lo privado".
Ha resaltado que con la tarificación que se incluye en la orden se pagaría dieciséis veces más a un médico privado por hacer una consulta de Atención Primaria de lo que percibe uno de la sanidad pública por esa misma actuación.
La orden recoge 65 euros para un médico privado por una consulta de Atención Primaria; 150 euros por una primera consulta de especialista; y 90 euros por sucesivas consultas, que si son en el hospital ascienden a 215 euros.
Férriz ha asegurado que conocían la orden desde julio y lo expusieron públicamente en agosto y septiembre, aunque sin tanto impacto mediático como ahora tras la denuncia de Por Andalucía.
El portavoz del PP, Toni Martín, ha asegurado que la orden trata de "poner orden en el caos" y adecuarla a las circunstancias de 2023, ya que la anterior era de 1998, por si "excepcionalmente o puntualmente" hay que utilizar esos servicios.
Ha acusado a PSOE y Por Andalucía de querer "engañar" a los andaluces a cien días de las elecciones, con interés electoral, y ha recordado que la orden se aprobó en julio del año pasado, sin que ninguno de los dos partidos presentara alegaciones.
Ha argumentado que en la orden de 1998 ya se recogía una tarificación de los servicios concertados -aunque no se incluía la Atención Primaria- y ha aludido también a la ley de contratos del sector público, que permite y regula los conciertos con entidades privadas.
Por Andalucía, que destapó el contenido del borrador de orden publicado desde julio en la web de la Consejería de Salud, ha exigido al presidente Moreno que la "frene y rectifique", al considerar que "engordará" los beneficios de la sanidad privada a costa de la pública, ha denunciado su portavoz, Inmaculada Nieto.
Nieto ha puesto de relieve las "contradicciones y falsas excusas" de la Junta, que ha negado que la medida implique la privatización de atención primaria y hospitalaria, salvo en "situaciones excepcionales" que no ha precisado.
"Todo el circuito sanitario público es susceptible de ser concertado con una decisión que es inédita y nunca ha ocurrido en la sanidad pública", ha advertido.
Además de exigir a Moreno una explicación clara en el Parlamento, la representante izquierdista ha achacado esta "hoja de ruta" del Gobierno del PP a la aplicación de la mayoría absoluta de manera "aplastante".
De "barbaridad y salvajada" ha calificado la diputada de Adelante Maribel Mora el contenido de la orden que, en su opinión, "acabará con la eficiencia" de la atención primaria, pese a las "falsas" explicaciones que esta ofreciendo el Gobierno andaluz.
Mora ha censurado la infrafinanción que sufre la atención primaria y la "malas" condiciones laborales de los profesionales sanitarios, de los que ha responsabilizado a la Junta, y ha sostenido que la derivación de pacientes a los médicos de la privada supondrá "mayores ingresos" a este sector proveniente de los presupuestos públicos con precios "muy elevados".
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