Los cuatro ediles de Armilla que dieron su voto a favor de la aprobación de la licencia de obras del centro comercial Nevada aseguraron ayer que el ex alcalde les indicó que, pese a la ausencia de informe del letrado municipal, el expediente tenía el suficiente soporte jurídico para ajustarse a la legalidad.

Así lo manifestaron durante la tercera sesión del juicio sobre la tramitación presuntamente irregular del centro comercial, en el que además de los concejales figuran como imputados otras siete personas, entre ellas el ex alcalde y el ex edil de Urbanismo, José Antonio Morales y Gabriel Cañavate, y el promotor del Parque Nevada.

Los ya ex ediles, que se enfrentan a ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, declararon ante el juez de lo Penal 3 de Granada que al inicio de la Junta de Gobierno Local en la que se aprobó la licencia, el secretario les informó -consideran que no fue una advertencia- de que en el expediente faltaba el informe jurídico del letrado municipal.

El entonces alcalde les indicó que pese a ello, el expediente tenía el "suficiente soporte jurídico" para ajustarse a la legalidad, coincidieron los ex concejales.

La Fiscalía mantiene en su escrito de acusación que el ex alcalde, conocedor de la existencia de un informe jurídico del letrado municipal desfavorable al proyecto, sustituyó éste por los emitidos por un abogado sin relación funcionarial con el Ayuntamiento y por otro encargado al Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación, que también declaró ayer.

En aquella Junta de Gobierno Local, Morales Cara les exhibió los informes que obraban en el expediente, algunos de los cuales, como el elaborado por un arquitecto vinculado al Ayuntamiento, incluían "observaciones" al proyecto que se acordó incorporar al expediente, según los concejales, que mantienen que ni el ex regidor ni ellos consideraron que se tratara de informes "desfavorables".

Por ello, votaron con la percepción de que estaban otorgando una licencia que cumplía "totalmente con la legalidad", dijo uno de los ediles, cuyas nociones de urbanismo, admitieron todos, eran "básicas" en unos casos y "muy cortas" en otros.

Los concejales, que dicen que en las Juntas de Gobierno Local votaban "libremente", dijeron que aprobaron la licencia con los condicionantes de que no se ocupara zona verde ni suelo urbanizable.

Uno de ellos indicó que no tenía constancia de que el alcalde tuviera "interés" en sacar adelante esa licencia.

La abogada de Diputación también ayudó

También declaró ayer la abogada del servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación -institución de la que Cañavate era en aquella época vicepresidente- que emitió uno de los dos informes jurídicos que el Ayuntamiento incorporó al expediente.

Esta letrada, para quien el fiscal pide también ocho años de inhabilitación, declaró que en ese informe, "uno más de los que el servicio elabora al año a petición de los ayuntamientos", se limitó a dar su opinión jurídica sobre un escrito de la Delegación de Obras Públicas que establecía reparos al plan parcial del Nevada.

La petición de elaboración de ese informe partió del consistorio y fue dirigido a la diputada responsable del área, según la letrada, que aseguró que no conocía personalmente a Cañavate ni a Morales Cara con anterioridad, que no recibió indicaciones por parte de ellos para orientar su informe y que su condición de ex concejal de Santa Fe por el PSOE (partido al que pertenecían el ex alcalde y el ex edil de Urbanismo) no influyó en el sentido de su escrito, en cuya elaboración se rigió por "criterios jurídicos y no políticos".

Por su parte, el abogado externo al Ayuntamiento que también emitió un informe jurídico favorable al plan parcial que fue incorporado al expediente, dijo que el encargo procedía de la promotora del centro, General de Galerías Comerciales, y que a él se lo pidió el autor del plan -un arquitecto también imputado-.

Interrogado sobre los motivos por los que en el encabezamiento del informe figuraba que iba dirigido al Ayuntamiento, cuando el encargo lo recibió de la promotora, dijo que se debió a una "expresión desafortunada" que atribuyó a las conversaciones mantenidas con el arquitecto, que le dijo que su destino final era el consistorio, del que, aseguró, no ha cobrado por ello, como tampoco de la empresa que se lo encargó, a cuyo responsable, Tomás Olivo -también imputado- aprovechó para reclamarle el pago.

Tanto este abogado como la anterior manifestaron que para un plan parcial no es preceptivo un informe del letrado municipal.