La Junta amplía la inserción a discapacitados y mujeres víctimas de la violencia

La Junta ha acordado hoy incorporar como colectivos en riesgo de exclusión para su inserción laboral a las mujeres víctimas de la violencia de género, a los inmigrantes retornados, a las familias monoparentales, a los parados de más de 50 años y a los discapacitados.

Así lo recoge el decreto que regula la calificación y registro de las empresas de inserción, sociedades que unen a su finalidad económica el objetivo de favorecer la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social, aprobado por el Consejo de Gobierno.

Como principal novedad, la regulación amplia la inserción a colectivos cuyos beneficiarios serán las mujeres víctimas de la violencia de género procedentes de casas de acogida o programas de protección, y a los inmigrantes retornados con graves necesidades personales o familiares.

También se extiende a las personas que tienen a su cargo a una familia monoparental; a los mayores de 50 años inscritos como demandantes de empleo al menos 12 meses ininterrumpidamente, y a los discapacitados en un grado igual o superior al 33 por ciento.

Estos grupos se suman a los ya definidos en la ley estatal, que desarrolla el decreto de la Junta, ha afirmado en rueda de prensa el consejero de Empleo, Manuel Recio, quien ha destacado que la pretensión es favorecer la cohesión social y la incorporación de estas personas al mercado laboral.

Los nuevos colectivos incluidos en el decreto se suman a los ya definidos en la ley, es decir perceptores de rentas mínimas de inserción o que no puedan acceder a éstas por falta del período exigido de residencia o empadronamiento o por haber agotado el período máximo.

Además figuran los jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de instituciones de protección de menores o personas en proceso de rehabilitación por problemas de drogodependencia y otros trastornos adictivos.

También se encuentran los internos de centros penitenciarios que pueden acceder a un empleo en régimen abierto; menores internos, y personas procedentes de servicios de prevención e inserción social y de centros de alojamiento alternativo autorizados.

Según el consejero, las empresas reguladas podrán contratar a personas procedentes de estos colectivos que se hallen inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y que hayan asumido un compromiso de inserción.

Otro requisito exigido es que destinen el 80 por ciento de sus resultados a la mejora de las estructuras productivas y a iniciativas de integración sociolaboral.

En cuanto al porcentaje mínimo de contrataciones para que una sociedad mercantil se considere como empresa de inserción, el decreto fija, al igual que la ley, un 30 por ciento sobre el total de la plantilla durante los tres primeros años de actividad y un 50 por ciento a partir del cuarto año.

En el caso de sociedades laborales o cooperativas, el cómputo tiene en cuenta tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los socios trabajadores, y una vez calificadas, las sociedades deberán inscribirse en el Registro de Empresas de Inserción de Andalucía.

Recio ha concretado que las empresas de inserción (hasta ahora hay una 31 interesadas) podrán ser beneficiarias de ayudas financieras para su constitución, formación y contratación; bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social; subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo, e incentivos a la inversión para la realización de su objeto social.

La Junta viene desarrollando políticas de respaldo a empresas que pueden ser consideradas de inserción de acuerdo con los requisitos que ahora se fijan, de forma que en los dos últimos años este apoyo se ha traducido en ayudas por valor de más de 1,8 millones de euros, que han hecho posible el acceso al empleo de alrededor de un centenar de personas en situación de exclusión.

Además, los Centros Especiales de Empleo han incorporado a 871 personas al mercado con una dotación de 38 millones.