La Ley de Atención Temprana, que debe regular la asistencia a niños de hasta seis años con trastornos de desarrollo o en riesgo de tenerlos, dejará el próximo miércoles de ser una asignatura pendiente en Andalucía con su aprobación en el Parlamento, después de años de negociaciones y de intentos fallidos.
Es la primera ley de la mayoría absoluta del PP, que cumple así un compromiso personal del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien tiene el deseo de que la norma salga adelante en la Cámara por unanimidad.
"No siendo obligatorio, para nosotros era primordial que se entendiera que esta no es la ley de un gobierno ni de un partido", explica a Efe Beatriz Jurado, portavoz popular de Salud y encargada de las conversaciones con los grupos durante la tramitación, en la que se han admitido 51 enmiendas que modifican 20 artículos.
Considera que este ha sido un proceso "con buen clima y muy positivo" en el que se han hecho mejoras, lo que ha dado lugar a "usar más garantías, establecer mejores plazos y más coberturas" para los niños y sus familias, por lo que confía en que "todos puedan votar que sí con tranquilidad".
Explica que el texto recoge el espíritu, "aunque reformulado, porque todo ha ido avanzando y se han incorporado novedades", del que estuvo a punto de ser aprobado hace ocho años y que finalmente no lo fue por la negativa en el último momento de PSOE y Ciudadanos.
Aquella norma fue defendida entonces en la tribuna por la diputada Esperanza Gómez, antes en Podemos y ahora en Por Andalucía, madre de una niña de ocho años con síndrome de Down y que vive la tramitación de esta ley como "un tema muy personal".
Reconoce en conversación con Efe que el texto "ha mejorado mucho" durante su paso por el Parlamento y que se han incorporado enmiendas que los agentes sociales venían reclamando, aunque no suscribe "eso de que la ley sea de todos, porque se podría haber hecho mucho más".
LA LÍNEA ROJA DE LOS PLAZOS
Para Gómez la línea roja para apoyarla está en los plazos, tanto para que el niño sea examinado y se diga qué tipo de ayuda necesita como para que ésta se le empiece a prestar una vez derivado a un Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT).
Asegura que va a votar "en conciencia" y alaba que la ley dé a la Atención Temprana "un reconocimiento y un valor que antes no existía", pero cree que si no se establecen unos plazos "los derechos que otorga a niños y familias dejan de serlo".
"Lo que no quiero es ver a madres que me digan dentro de un año que tienen que esperar ocho meses para que sus hijos sean atendidos, como ocurre ahora", afirma Gómez, que resalta "la angustia de que te digan que tu niño tiene algo y no saben qué es".
Califica como "indescriptible" el sufrimiento de una madre en ese momento. "Cuando a ti te dicen que tu hijo tiene un problema, y hay una cosa que tienes que hacer muy rápido para que no le vaya tan mal como tú te estás imaginando que le va a ir... y esa atención no llega. Eso no se puede explicar con palabras", desgrana la parlamentaria.
Distingue entre los casos que son más sencillos de detectar, como un síndrome de Down, y otros como los Trastornos del Espectro Autista (TEA)
en los que hace falta más tiempo y "mientras llegas al CAIT vas a un especialista, a otro, te dan ideas contradictorias, no tienes guía... es terrible", concluye, a la vez que asegura que las diferencias socioeconómicas "se notan mucho" en el desarrollo del niño. "Todo depende de lo que se invierta en los primeros años de vida", afirma.
UNA REGULACIÓN MUY ESPERADA
En esto coincide Antonio Guerrero, presidente de la Fundación del mismo nombre, que lleva luchando por esta ley desde que en 2015 se enteró de que su nieto podía tener trastornos de desarrollo. "Al final quedó en un retraso en el lenguaje y hoy está perfectamente, pero fue la causa de que esto se me metiera en todos los poros de la piel", indica a EFE satisfecho con la "visibilización" conseguida en este tiempo.
Después de descubrir que no había ninguna regulación al respecto, su mayor satisfacción hoy es que por fin "haya una ley" que "regule los derechos de los que han nacido, de los que están en el vientre de sus madres y de las generaciones futuras", ya que considera que la norma "va a resistir muy bien el paso del tiempo".
Alaba que el texto "plantea equidad e igualdad de oportunidades, no distingue ni sexo, ni raza, ni etnia ni poder adquisitivo, hace iguales a todos los niños y los coloca en el centro de atención de la intervención y a sus familias como principal motor de recuperación".
Tras haber criticado el proyecto que salió del Consejo de Gobierno, elogia el talante negociador posterior del PP, que ha contado con la Fundación y "con colegios de psicólogos, pediatras, neurólogos, asociaciones y entidades sociales que han podido dar su parecer".
Celebra que la norma sea realidad en un momento en el que se está "disparando" la detección de casos, ya que los 20.000 niños afectados en 2015 han ascendido a 45.000 a día de hoy, cuando el autismo ha dado paso a los trastornos de comunicación, comprensiva y expresiva, como el problema más extendido.
"Queda un largo camino por recorrer", dice Guerrero, que ha planteado a Juanma Moreno la creación de un grupo de trabajo para la "segunda infancia", porque "después de los seis años queda el resto de la vida".
Asegura que la respuesta del presidente andaluz fue positiva y confía en poder "dejarlo solucionado" en esta legislatura, ya que, según explica, una familia invierte unos mil euros al mes una vez que el niño sale del sistema de Atención Temprana, algo que "es una ruina".
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