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Andalucía

Por Andalucía reivindica el "derecho de mujeres a abortar en la sanidad pública"

El grupo parlamentario Por Andalucía defenderá el jueves en el primer Pleno del nuevo periodo de sesiones de la Cámara andaluza, una proposición no de ley

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  • La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto. -

El grupo parlamentario Por Andalucía defenderá el próximo jueves, 9 de febrero, en el primer Pleno del nuevo periodo de sesiones de la Cámara andaluza, una proposición no de ley (PNL) con la que, entre otras cuestiones, quiere instar al Gobierno de la Junta, del PP-A, a "cumplir los preceptos establecidos en la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y garantizar el libre derecho de las mujeres andaluzas a abortar en la sanidad pública andaluza y, en cualquier caso, dentro de su provincia".

Así se recoge entre las reivindicaciones de esta iniciativa que el grupo de Podemos, IU y Más País Andalucía defenderá esta semana en el Pleno del Parlamento, consultada por Europa Press y centrada en la "garantía del ejercicio del derecho al aborto".

De esta manera, otra de las reivindicaciones de esta proposición no de ley pasa por instar a la Junta desde el Parlamento a "sufragar los costes de desplazamientos que las mujeres deban realizar si su IVE --interrupción voluntaria del embarazo-- se practica fuera de su distrito sanitario".

"Adoptar medidas de transparencia activa para que sea público el número de profesionales sanitarios que han ejercido el derecho a la objeción de conciencia en cada centro hospitalario o distrito sanitario público" es otra reivindicación que Por Andalucía quiere que el Parlamento traslade a la Junta, además de emplazarle a "adoptar medidas de control de que el personal objetor de conciencia en la sanidad pública también lo es en la sanidad privada".

Además, Por Andalucía quiere con esta iniciativa instar a la Junta a "garantizar que en las distintas convocatorias de ayudas y subvenciones destinadas por el conjunto de consejerías a información, asesoramiento a mujeres embarazadas, o cualquier otra actividad relacionada con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, incluido el respeto a su derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo con la plena garantía de su ejercicio, no resultan beneficiarias asociaciones y entidades que son manifiestamente contrarias a la normativa vigente en materia de aborto, y que protagonicen o promuevan actividades tendentes a torcer la voluntad de las mujeres que quieren ejercer su derecho".

Finalmente, la confluencia de Podemos, IU y Más País quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "garantizar en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos la información sobre salud sexual y reproductiva, protección ante enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, adaptando los contenidos a la edad del alumnado".

En la exposición de motivos de esta PNL, el grupo Por Andalucía sostiene que, "formalmente", en Andalucía "se cumple" la citada Ley 2/2010, pero "lo cierto es que la Junta solo dispone de un hospital público que practique abortos, derivando a la sanidad privada, vía conciertos, la práctica totalidad de las IVE que se realizan en nuestra comunidad".

Al respecto, el grupo proponente señala que, en Andalucía, el 99% de los abortos se practican "en la sanidad privada, lejos de la media estatal situada en el 88%", y denuncia el "flagrante y reiterado incumplimiento" de la ley estatal en Andalucía, con un "exponente máximo" de ello en la provincia de Jaén, "en la que la Junta de Andalucía reconoce que no se practican abortos en el sistema público ni existe concierto alguno con clínicas privadas para que las mujeres que así lo decidan puedan abortar sin desplazarse fuera de su provincia".

Al respecto, además, desde Por Andalucía critican que "los gastos de desplazamiento ocasionados a las mujeres, y que deben ser adelantados por las mismas, con independencia de su situación económica, no son reembolsados a éstas por la Junta de Andalucía, lo que supone una traba más que añadir a las mujeres que cumpliendo los requisitos legales deciden interrumpir su embarazo", según sentencia el grupo proponente.

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