El trato "diferenciado y discriminatorio con algunas autonomías" del Gobierno "está sobrepasando límites que atentan contra la igualdad de los españoles"
El Gobierno andaluz ha reclamado este viernes al Ejecutivo central el mismo trato "que le ha prometido" al País Vasco para decidir sobre el desarrollo de proyectos financiados con cargo al Fondo de Sostenibilidad de las Comunidades Autónomas.
La consejera de Economía, Carolina España, ha invitado a la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a que facilite el desarrollo de los proyectos de interés de la comunidad andaluza financiados con los fondos europeos Next Generation.
Ha advertido en un comunicado de que el trato "diferenciado y discriminatorio con algunas autonomías" por parte del Gobierno central "está sobrepasando límites que atentan contra la igualdad de los españoles" que se reconoce en la Constitución, por lo que Andalucía también pide poder decidir los proyectos a financiar.
Ha denunciado "este nuevo agravio a los andaluces" y ha recordado que el Gobierno andaluz ha pedido en tres ocasiones "una mayor cogobernanza" con los fondos europeos, ya que "desgraciadamente" no pueden gastarlos en muchos proyectos que necesita la región, como es el caso de las infraestructuras hidráulicas en una época de sequía.
"Mientras el Gobierno nos niega la cogobernanza en los MRR, a Euskadi le firma un cheque en blanco", ha manifestado.
Carolina España ha mostrado su sorpresa "por no obtener respuesta alguna ni ante las solicitudes de cogobernanza, ni ante las peticiones de proyectos previamente solicitados por el Ministerio ante los fondos extra (adenda de los Next Generation)".
Ha criticado "la discriminación que sufre Andalucía" por parte del Gobierno, con este tipo de iniciativas y con otras "que atacan directamente a la autonomía fiscal" como es el impuesto a las grandes fortunas, un aspecto en el que "a Euskadi también deja que decida sobre su aplicación o no".
La consejera ha invitado a Calviño a visitar Andalucía, a reunirse con el Gobierno de la Junta y a permitir al Ejecutivo autonómico decidir sobre los proyectos financiados con el fondo de sostenibilidad, como serían las obras hidráulicas y los PERTE estratégicos para Andalucía.
