El PP presentó ayer en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga presuntas ilegalidades en Mercasevilla, una querella criminal por presuntos delitos societarios y otros delitos contra directivos y ex directivos de la compañía pública, y responsables de su Fundación Socioasistencial.

El concejal del PP y consejero de Mercasevilla, Beltrán Pérez, anunció en el pleno municipal, con motivo de una moción para el despido disciplinario del ex subdirector Daniel Ponce, la interposición de la querella, dirigida entre otros contra éste y su ex director general Fernando Mellet, el primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y el ex edil del PSOE Gonzalo Crespo.

También incluye como querellados a la directora de estructuras Regla Pereira, su ex directora económica Pilar Giraldo, su director general actual y ex director de recursos humanos, Juan Carlos Recio, y a Crespo, Torrijos, José Ignacio Fernández, Mellet, Ponce, Pereira y José María Barquín -patronos o administradores de su fundación-.

En su querella, a la que ha tenido acceso Efe, el PP apunta la comisión, en la administración y gestión de la empresa, de delitos societarios en sus vertientes de falsedad en las cuentas anuales y administración desleal; de apropiación indebida; contra la Hacienda Pública; malversación de caudales públicos; y fraude.

El PP pide la declaración judicial de los querellados, que la Policía Judicial recabe información en el Registro Mercantil, el Protectorado de Fundaciones de la Junta, Mercasevilla, su fundación, el Banco Vitalicio y de la auditora Deloitte, y que el ex director Jordi Maymó y dos miembros de dicha auditora declaren como testigos.

Solicita que se incorporen a las diligencias documentos como el informe de auditoría de Deloitte, la memoria 2008 de la fundación, el acuerdo de 26 de junio de 2009 de la Ejecutiva de Mercasevilla, un informe de sus estados financieros de abril de 2009 y otro sobre las razones de éste entregado en marzo de 2010 en el consejo de administración, o peticiones de información hechas por el PP.

En su acción penal, el Grupo Popular dice que existen documentos, entre ellos algunos de los citados, que "ponen al descubierto, al menos de manera parcial, las graves irregularidades cometidas" por dichas personas en la administración ordinaria de la sociedad.

El consejero del PP en Mercasevilla la dirige además contra "todas aquellas personas que, a resultas de la investigación que se produzca, aparezcan como responsables directos o indirectos de los hechos que son objeto de la querella, especialmente los miembros de la Comisión Ejecutiva cuya participación en los hechos" desconocen.

La querella resalta la "evidente relación interna entre Mercasevilla y la Fundación", hasta el punto de que "comparten a sus directivos", y denuncia los "reiteradísimos obstáculos" sufridos para recabar información como consejero.

Pese a ello, asegura que de los datos a los que han tenido acceso se desprende que "la contabilidad y las cuentas anuales auditadas son mera ficción", que "se contabilizaban de una vez ingresos que iban a recibirse en años sucesivos" y que había una "clara manipulación, siendo corroboradas" por Torrijos, según el PP.

Así, refiere las supuestas manipulaciones contables y la falsedad de las cuentas anuales cometidas, con apuntes "de falsos ingresos de manera intencionada y falsaria para aparentar una situación distinta a la real" y "disimular pérdidas durante varios ejercicios".

El PP también sostiene que Crespo y Torrijos, como presidente y vicepresidente, "eran perfectamente conocedores de la situación de la fundación y de su fondo de maniobra negativo", y por ello también de que "Mercasevilla se estaba imputando como ingresos cantidades de deudas incobrables", y "lo consintieron y ocultaron".

Dice que los errores contables se han hecho "con un verdadero y deliberado objeto de disimular unas pérdidas cuantiosas, provocando un perjuicio" a la empresa y a terceros.

También constata presuntas ilegalidades en la aplicación de las cantidades entregadas por Sanma en ejecución del contrato de opción de compra sobre los terrenos de la empresa, el "disfraz del pasivo" de 9 millones de euros de los "fraudulentos" expedientes de regulación de empleo acometidos, la "contabilización de falsos créditos fiscales" o, entre otros, que no se computara el coste de los premios extras de jubilación de 9 empleados y su coste fiscal.