La Junta de Andalucía calificó ayer de "muy grave" la situación real de Astilleros de Sevilla y Huelva tras conocer los datos finales de la auditoria que se ha realizado a la industria naval, unos datos que revelan la "imposibilidad" de seguir con la hoja de ruta inicial marcada por el Ejecutivo regional, de forma que se necesitan 171 millones de euros para poder concluir los barcos que se están construyendo en los astilleros de Sevilla y Huelva.

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia comunicó a los líderes sindicales de CCOO-A y UGT-A esta situación en una reunión celebrada ayer donde las centrales pidieron al Gobierno andaluz que exija responsabilidades judiciales a los anteriores propietarios, algo a lo que la Junta se ha comprometido a estudiar llevarlo a cabo.

Asimismo, según indicó a Europa Press el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, en esta reunión la Junta de Andalucía cifró en 171 millones de euros la inversión necesaria para poder concluir los barcos que se están construyendo en los astilleros de Sevilla y Huelva, una cantidad independiente de "la cifra necesaria para conseguir la viabilidad de la industria".

Tras esta primera reunión a alto nivel, que contó con la presencia del viceconsejero de Economía, Innovación y Ciencia, Luis Nieto, y los secretarios generales de CCOO-A, Francisco Carbonero, y de UGT-A, Manuel Pastrana, además de los secretarios generales de las federaciones del metal de ambas centrales, sindicatos y Junta acordaron volver a reunirse el próximo 30 de abril para concretar las propuestas de todas las partes en aras de buscar una solución a las factorías.

Según confirmaron a Europa Press fuentes de dicha Consejería, la Junta trasladó a los sindicatos que la situación de la compañía es "mucho más grave" de lo prevista, tanto desde el punto de vista patrimonial, como productivo y "especialmente" económico y financiero.

De esta forma, según precisó Carbonero, hasta esa fecha la Junta y los sindicatos llevarán a cabo las gestiones necesarias "para que los armadores no abandonen sus proyectos y asuman la responsabilidad social de no querer sacar ventaja de la situación de las factorías".

Asimismo, la Junta se comprometió a efectuar las gestiones necesarias con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Pymar y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que se comprometan realmente con la situación de astilleros y a salvar a al industria naval, con propuestas concretas".

Carbonero consideró necesario "abrir un espacio de negociación con los armadores y con las entidades financieras para que haya un compromiso social importante para salvar la situación". Precisó que la situación "es difícil, aunque existe buena disposición de la administración para buscar soluciones, aunque éstas son muy complicadas".

Asimismo, los sindicatos plantearon iniciar acciones judiciales para reclamar y exigir responsabilidades a los anteriores accionistas de astilleros, algo a lo que, según Carbonero, la Junta se ha comprometido a estudiar esa petición de responsabilidades.

Acciones legales contra los dueños

Teniendo en cuenta la situación, los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía se encuentran estudiando el inicio de las "acciones legales pertinentes y en la jurisdicción que proceda en defensa de los intereses de los afectados y de los propios trabajadores de los astilleros". Este análisis parte tanto por iniciativa del Gobierno andaluz, como por la demanda de sindicatos y otros agentes sociales.

Francisco Carbonero precisó que "lo prioritario debe ser resolver la situación de los astilleros y terminar los barcos" y consideró necesario el expediente de regulación de empleo presentado en Sevilla "pues de lo contrario es imposible aguantar".

Asimismo, la empresa se comprometió a pagar los salarios atrasados en Sevilla, según el sindicato, que esperan que el lunes sea acometida la transferencia.

El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, destacó hoy la necesidad de trabajar "a lo largo de las próximas semanas" con todos los que intervienen en relación a los Astilleros de Huelva y Sevilla -entidades financieras, Estado, Junta de Andalucía y armadores- para hacer posible la viabilidad del sector de la construcción de buques en la Comunidad como "un sector estratégico".

En declaraciones a Europa Press, Pastrana destacó que es necesario poner en marcha de "inmediato" un plan que garantice la viabilidad de Astilleros de Sevilla, a través de la construcción de buques, y con la diversificación de la actividad en el Astillero de Huelva reconduciéndolo hacia la reparación de buques de mayor tamaño.

Asimismo, apuntó que de esta manera la Junta va a desarrollar acciones frente al Gobierno, las entidades financieras y los armadores para poder cerrar de aquí al 5 de mayo un plan de trabajo.

De igual manera, indicó que UGT-A transmitió a la junta la necesidad de garantizar la viabilidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), así como garantizar el cobro de las nóminas de los trabajadores de Huelva y Sevilla.

Por otro lado, la junta de accionistas de Astilleros de Sevilla, celebrada ayer, ratificó el acuerdo alcanzado en el consejo de administración el pasado 11 de febrero, cuando el consejo de Astilleros de Sevilla aprobó la cesión de poderes a un antiguo directivo de la planta Ángel Díaz-Munío Roviralta como nuevo apoderado, así como impulsar la hoja de ruta.

La cesión de poderes se produce "en términos idénticos a la cesión de poderes que se produjo en Astilleros de Huelva", de forma que el apoderado de Sevilla "tendrá los mismos poderes que ya tiene el apoderado de Huelva, incluidos los referentes a cese de actividad".