El consejero de Empleo dice que continúa valorando la estructura de su departamento
El consejero de Empleo, Manuel Recio, no aclaró ayer si el actual delegado provincial en Sevilla, Antonio Rivas, continuará en su cargo después de que el Gobierno andaluz lo mantuviese el martes en su puesto tras la reorganización de estructura que ha afectado a la Consejería de Empleo a pesar de estar imputado por un presunto delito de cohecho en el 'caso Mercasevilla', y se limitó a decir que "sigue valorando" la estructura de su departamento.
En declaraciones a los medios durante la inauguración de la feria 'Sevilla Mercado Joven' IV Feria Universitaria de Empleo, Postgrado y Emprendedores de Sevilla, que se celebra en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Recio afirmó que "está valorando" tanto su equipo como toda la cartera de servicios que se presta la Consejería de Empleo, y "en un futuro próximo verán los resultados de la evaluación que estoy haciendo en este momento", apuntó.
"Ya he realizado cambios en los dos Consejos de Gobierno en lo que es la estructura del personal", añadió el titular de Empleo, que recordó que, "como dijo el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no tenemos 100 días en este caso, sino que tenemos que empezar a trabajar desde el primer día".
Además, preguntado sobre si su decisión está a la espera de que finalmente se confirme la imputación de Antonio Rivas en el caso Mercasevilla tras el recurso presentado por el delegado, el consejero aseguró que está "valorando las capacidades de las personas, y en lo que son los procesos judiciales no establezco ninguna valoración".
Mientras, la magistrada que investiga las dos ramas del caso confirmó ayer la imputación del presidente de la constructora Sando, José Luis Sánchez Domínguez, porque es posible que siga controlando la empresa y el único testimonio exculpatorio fue el de su hijo, también acusado.
Fuentes del caso informaron a Efe de que la jueza de instrucción 6 de Sevilla ha confirmado la imputación de Sánchez Domínguez porque la única prueba exculpatoria fue la declaración de su propio hijo, también imputado, que "naturalmente, por su relación de parentesco, podría intentar proteger a su padre".
El empresario, de 72 años, figura entre la decena de personas imputadas por lo que la juez ha denominado "adjudicación fraudulenta" a Sando de la venta de los terrenos de Mercasevilla pese a que su oferta era "antieconómica y contraria al interés general" respecto a la presentada por la empresa Noga.
El abogado del empresario había solicitado el sobreseimiento de la causa respecto a Sánchez Domínguez porque, dada su edad, solo se dedica en la actualidad a labores representativas.
La jueza, sin embargo, dice que hasta enero de 2008 el empresario fue administrador único de las empresas del grupo y no hay pruebas de que no siguiera tomando las decisiones empresariales.
Sánchez Domínguez declaró como imputado en febrero pasado y aseguró que "en ningún momento ha participado" en las negociaciones con Mercasevilla porque su hijo tenía poderes para ello, y actualmente está retirado y "acude a las oficinas de Sando cuando le apetece o no va".
El empresario dejó además constancia del "muchísimo daño que este asunto está causando a su empresa, a los trabajadores, a su propia familia y a los 3.000 colaboradores que trabajan con su empresa", según el texto de su declaración.
En esta parte del caso están imputados los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, el ex secretario del consejo de Mercasevilla Jorge Piñero, varios técnicos y tres directivos de Sando.
