El portavoz del PSOE-A en el Parlamento y secretario general de los socialistas onubenses, Mario Jiménez, lamentó ayer la "ridícula" sanción que el Tribunal Supremo decidió mantener para el juez Rafael Tirado, que se va "a su casa abonando 1.500 euros y sigue activo en la carrera judicial" pese a que cometió una "falta muy grave que ha tenido consecuencias muy graves", lo que contrasta, en su opinión, con el "escarnio" al que está siendo sometido el juez Baltasar Garzón.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, Mario Jiménez manifestó que no puede ser que haya dos varas de medir en la judicatura.

"No puede acabar siendo perjudicado un juez como Baltasar Garzón por una actitud claramente politizada que se produce dentro de las estructuras judiciales de nuestro país y no puede ser que por esa misma estructura corporativista se termine poniendo una sanción ridícula a un juez que ha cometido una falta muy grave que ha tenido unas consecuencias muy graves y que ha producido una alarma social muy importante por lo que ha ocurrido", señaló Jiménez.

En su opinión, "algo está fallando" en ese sentido y "es normal" que haya esa alarma. Agregó que hay que reaccionar "porque no puede permitirse el escarnio al que está siendo sometido Garzón y que Tirado se vaya a su casa abonando 1.500 euros y siga activo en la carrera judicial".

Por su parte, Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la pequeña que murió en 2008 en Huelva presuntamente a manos de Santiago del Valle, aseguró este jueves que la sanción de 1.500 euros mantenida por el Tribunal Supremo al que fuera juez de lo Penal número 1 de Sevilla Rafael Tirado, pena dictada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su actuación en la ejecución de una condena por abusos dictada contra del Valle, "no es adecuada por el error que cometió" y lamentó que esperaba "justicia" del Supremo al ser "un órgano independiente".

En declaraciones a Europa Press, el padre de Mari Luz apuntó que "no es justo que Tirado pague sólo 1.500 euros" tras dejar en la calle a Santiago del Valle, indicando además que la posición del Tribunal Supremo "no es la adecuada porque podría haber hecho un ejercicio justo".

Por su parte, el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidió el miércoles mantener la sanción de 1.500 euros impuesta a Rafael Tirado. De este modo, la sala desestima así el recurso interpuesto por la Fiscalía en el que se pedía que la citada sanción se sustituyera por la suspensión durante tres años al considerar que el juez cometió una falta "muy grave" por "una desatención continuada en el tiempo" del juez respecto de la ejecutoria de la sentencia de Del Valle.

Con la confirmación de la multa acordada por el pleno del CGPJ, el alto tribunal también desestima el recurso interpuesto por el propio Tirado que reclamaba que la multa fuera anulada. La decisión del CGPJ de multar a Tirado, adoptada en diciembre de 2008, fue respaldada por la totalidad de los vocales de extracción judicial de este órgano con excepción de Félix Azón, ponente de la propuesta, quien durante el debate defendió la imposición de una suspensión de dos meses para Tirado.

Sanción

El Tribunal Supremo acordó el miércoles rechazar los recursos interpuestos por la Fiscalía y por el juez de Sevilla Rafael Tirado contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial de multarle con 1.500 euros por su actuación en el llamado "caso Mari Luz", confirmando así esta sanción.

Así lo han informado fuentes del Alto Tribunal, que han señalado que la decisión ha sido tomada por el pleno de la sala tercera -de lo contencioso-administrativo- de este órgano, cuyos miembros han estado reunidos debatiendo el asunto hasta pasadas las 19:00 horas.

El hecho que motivó la sanción a Tirado fue el retraso en ejecutar una sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto autor de la muerte de Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, y que hubiera supuesto el ingreso en prisión de éste.

La Fiscalía reclamaba que Tirado fuera sancionado con la suspensión de empleo y sueldo por tres años, mientras que el juez solicitaba el archivo de su expediente, pero el Supremo ha rechazado ambos recursos.

En diciembre de 2008, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirmó la multa de 1.500 euros que le había impuesto el anterior Consejo al juez, desestimando así también los recursos interpuestos por el propio Tirado y por el fiscal.

Catorce de los 21 vocales que integran el Poder Judicial se mostraron a favor de no suspender al juez, en una decisión que fue el detonante del paro de jueces sin precedentes llevado a cabo el 18 de abril del año pasado y que fue criticada por el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, quien anunció que el Gobierno reformaría el régimen disciplinario de los jueces.

Por su parte, el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, también calificó el acuerdo del órgano de gobierno de los jueces de "vergüenza nacional".

La Fiscalía sostenía que la conducta de Tirado debe ser considerada como falta "muy grave" y no sólo "grave", al estimar que se produjo "una desatención continuada en el tiempo" respecto de la ejecutoria de la sentencia y no un simple olvido puntual.

En el recurso que presentó ante el CGPJ, el fiscal afirmaba que Tirado "debería haber establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de las ejecutorias que se tramitaban en el Juzgado, lo que le hubiera permitido, al efectuar dicho control, detectar la existencia de la ejecutoria 31/06 y del estado de paralización en que se encontraba".

Agregaba que "mantener que la responsabilidad derivada del retraso debe mitigarse por el hecho de la inexistencia de la dación de cuenta por parte de la secretaria del Juzgado, o a la actitud pasiva de otros colaboradores (...) es desenfocar la realidad de a quién debe imputarse la responsabilidad de los hechos".

Así, y tras examinar los hechos, el fiscal concluía que Tirado "no prestaba dedicación alguna a las ejecutorias y consecuentemente no adoptó medida alguna en más de dos años para poner remedio a dicha situación".

Además, el Ministerio de Justicia impuso una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a Juana Gálvez, la secretaria judicial del Juzgado de Sevilla del que era titular Tirado por su actuación en este caso relacionado con el presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle.

Esta sanción fue rebajada por la Audiencia Nacional a seis meses, medida que también fue recurrida por la secretaria judicial ante dicho Tribunal, que la confirmó el pasado lunes.

El año pasado el CGPJ concedió al juez sevillano el traslado al juzgado de lo Contencioso número 3 de Sevilla, a petición propia.