“Atendiendo a la exposición de motivos que figura en el Reglamento, con esta norma se pretende impulsar el uso de las nuevas tecnologías en las relaciones entre Ayuntamiento y ciudadanos, con el objetivo de facilitar la participación de éstos últimos. Sin embargo, en el texto aprobado, se recoge la posibilidad de que el Ayuntamiento, unilateralmente, decida qué entidades están obligadas a dirigirse a él, exclusivamente, utilizando las nuevas tecnologías”, explican.
La Asociación considera que “la incorporación de las nuevas tecnologías a las relaciones entre Administraciones Públicas y ciudadanos debe realizarse con la finalidad de facilitar las relaciones entre ambos, pero que ello no debe suponer una discriminación de aquellos que todavía no estén capacitados o formados para hacer uso de las mismas, por lo que debe asegurarse que, mientras que no se produzca dicha incorporación, no se vean mermados en sus posibilidades de participar o reclamar”.
Facua Cádiz manifiesta su “temor de que el Ayuntamiento pudiera utilizar arbitrariamente este recurso legal, impidiendo que algún colectivo pudiera iniciar actuaciones administrativas contra el propio Consistorio”.
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