El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, desvelaba ayer que la auditoría económica de los Astilleros de Sevilla y Huelva refleja una deuda de al menos 300 millones de euros, de lo que responsabilizó a los anteriores gestores de la empresa naval, cuyos empleados están dispuestos a llevar a los dueños ante los tribunales.

Según adelantó Pastrana, en un encuentro informativo en Sevilla, la Consejería de Economía les aportó el miércoles las primeras cifras de esta auditoría, que no estará cerrada hasta el próximo 13 de abril, y que revela que los Astilleros de Sevilla y Huelva, gestionados por la misma empresa, tienen una deuda de aproximadamente 300 milones, situación que tachó de “dantesca”.

El sindicalista defendía la necesidad de delimitar las responsabilidades de los gestores que han llevado a los Astilleros de Huelva -de propiedad privada- y a los de Sevilla -pasaron a ser gestionados por la empresa privada hace unos cuatro años- a acumular una deuda de unos doscientos millones y de unos cien millones, respectivamente.

"Esto tiene que terminar en los juzgados", ya que hay "que cortar ya con los gestores irresponsables y cuyas irresponsabilidades terminamos pagando todos los andaluces", apostillaba Pastrana.

Al mismo tiempo, pidió tranquilidad a los trabajadores de los Astilleros -los de Sevilla se manifestaron ayer por las calles de la capital hispalense- y dejó claro que UGT "no los va a dejar tirados y que peleará con ellos".

La situación financiera de Astilleros de Sevilla y de Huelva no tiene nada que ver con el escenario barajado hace unos meses para la elaboración de un plan de viabilidad y que contemplaba una deuda de unos treinta millones de euros, apuntó el dirigente ugetista.

Esto obliga a un replanteamiento de la situación y a una nueva negociación, que los sindicatos iniciarán con la administración una vez que se termine la auditoría de la empresa, indicó.

No obstante, el secretario general de UGT-A dejaba claro que "Andalucía no se puede permitir el lujo de perder unos 3.000 empleos" de ambas factorías directos e indirectos y defendió el mantenimiento de la actividad de construcción y reparación de buques en los dos astilleros andaluces.

Incidió en que "no se puede permitir que desaparezca un volumen de recursos sin que pase nada porque ha habido gestores con nombres y apellidos de esa situación" y tampoco UGT quiere que los andaluces paguen esos millones de deuda de Astilleros.

A esta situación financiera se unen las dudas de los armadores sobre sus pedidos por los incumplimientos en la construcción de buques, lo que supone un "cúmulo de incertidumbres que hace muy difícil definir un plan", admitió Manuel Pastrana.

Denuncia penal contra los propietarios

Mientras, el secretario general de Metal Construcción y Afines (MCA) de UGT-Sevilla, Manuel Ponce, explicó ayer que los trabajadores de Astilleros de Sevilla estudiarán, una vez se estabilice la situación laboral de la plantilla y la viabilidad de la hoja de ruta propuesta por la Junta, denunciar por lo penal a los empresarios de estas entidades por un supuesto "desvío" del dinero de las cuentas de los astilleros.

Ponce apuntó que "en su momento se verá" quién emprenderá dichas acciones legales, bien el comité de empresa o bien los sindicatos.

Tras manifestar a los periodistas que empresarios como los de Astilleros de Huelva y Sevilla "hay muchos en Andalucía, que se llevan el dinero y desaparece de las inversiones y los cobros", Ponce recordó que la empresa sevillana tiene actualmente una deuda de "casi 100 millones de euros", algo que "al principio estaba tapado" y que no se ha descubierto hasta que las auditorías "han empezado a remover la película".

El secretario general de MCA en Sevilla hacía estas declaraciones después de que los trabajadores de Astilleros en esta ciudad se manifestaran frente a la Plaza de España, donde representantes del Comité de Empresa mantuvieron una reunión con el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Faustino Valdés, para exigirle que "presione" al Ministerio de Industria con el fin de salvar la situación de la compañía.

Según el presidente del comité de empresa de Astilleros de Sevilla, Gregorio Mora, "el problema viene de Madrid" -en alusión a la privatización de la factoría sevillana por parte de la SEPI en 2006-, por lo que los trabajadores han urgido a Valdés a que "pida dinero" al Ministerio de Industria para continuar con la actividad de los 248 trabajadores que hay en plantilla.

A este respecto, agradeció la postura adoptada por el subdelegado del Gobierno, quien les manifestó su intención de trasladarles sus reivindicaciones al Ministerio.

Mora reseñó que, tras la reunión que mantuvo el miércoles pasado el comité de empresa con representantes de Pymar (consorcio formado por los pequeños y medianos astilleros privados españoles) se puso de manifiesto la "grave" situación del sector.

"Hay sólo 60 buques en construcción en toda España para 20 astilleros", indicó, y lamentó que "de esos 20, tres se encuentren en la factoría sevillana y sin embargo no haya dinero para continuar la actividad".

Por otra parte, informó de que el comité de empresa seguirá "presionando" a la Junta de Andalucía para que no paralice la hoja de ruta y se vuelva a plantear un expediente de regulación de empleo de carácter temporal (ERTE) diferente al que propuesto a la plantilla hace unos días.

Sobre este asunto, el miembro del comité de empresa Vicente Sanchís justificó el rechazo al ERTE planteado por la empresa debido a que éste "no asegura la permanencia en el puesto de trabajo de los 248 trabajadores y tampoco viene acompañado de medidas sociales como la garantía de los salarios".

"En la medida en que eso lo garantice el expediente entraremos a negociarlo y seguramente aceptarlo", subrayó Sanchís, quien además reclamó que el documento se acompañe de un plan de viabilidad del futuro de la empresa.