El nuevo consejero de Educación quiere que haya certeza de que el proceso es cien por cien limpio
El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, anunció ayer que el departamento que dirige tiene intención de que la Fiscalía Superior de Andalucía otorgue calificación de "delito" a los posibles fraudes que se produzcan durante el proceso de escolarización de los menores andaluces y "no sólo sea causa de un procedimiento administrativo" como hasta el momento.
En rueda de prensa, Álvarez de la Chica explicó que en la reunión mantenida el lunes con el fiscal jefe Jesús García Calderón "se habló de esto" y que la Consejería de Educación, por tanto, "no descarta" esta opción siempre y cuando "haya denuncias y hechos" que prueben las posibles falsificaciones documentales que las familias puedan realizar para conseguir una plaza en la escuela o colegio deseado para sus hijos.
Por ello, recalcó que la falsificación de documentos públicos para obtener una "ventaja ilegítima" frente a otras familias en el proceso de escolarización de los hijos no es estimada por la Consejería de Educación "sólo como causa de un procedimiento administrativo" y mostró su interés porque estos hechos "puedan tener otras consecuencias, como la del delito".
Al hilo, el consejero advirtió de que la administración educativa va a "vigilar muy estrechamente" todo el proceso de escolarización -cerrado el 31 de marzo para el segundo ciclo de Infantil y Primaria y abierto durante todo el mes de abril para el primer ciclo de Infantil- y de que utilizará toda su "energía y potencia" para que el proceso de escolarización sea "reglado", tanto en la enseñanza pública como en la concertada. "Vamos a perseguir de forma implacable los fraudes", insistió Álvarez de la Chica.
Igualmente, aseguró que la intención de todo ello no es otra que la de "realizar acciones ejemplares para que los ciudadanos tengan plena certeza de que el proceso de escolarización es limpio al cien por cien". De ahí que el consejero invitase a "los padres que sospechen que les ha sido lesionado su derecho" a denunciar públicamente dichas situaciones, ya que la administración educativa, según indicó, "no puede inspeccionar de oficio los centenares y miles de solicitudes".
Muy relacionado con los posibles casos de fraude está la asignación y reparto de las plazas ofertadas por la Junta de Andalucía en el primer ciclo de Infantil. Pese a que para el próximo curso escolar 2010-2011 se ha ofertado un 14,31 por ciento más de plazas públicas que el pasado año -serán 10.083 puestos escolares nuevos-, la demanda sigue siendo mayor que la oferta, por lo que Álvarez de la Chica explicó que "el objetivo principal" de su administración es la de "equilibrar" ambas.
Para ello, y con la experiencia de años atrás en los que se "ha explorado el comportamiento de las familias" a la hora de solicitar escuelas para sus hijos, la Consejería de Educación ha eliminado este año la posibilidad de elegir un segundo y tercer centro en las solicitudes de admisión para el próximo curso porque, según explicó Álvarez de la Chica, "era inviable".
"Cuando se producía la asignación de las solicitudes, la segunda y la tercera opción quedaban inviables en la medida en que los centros elegidos como secundarios por algunas familias ya habían sido adscritos, como primera opción, a otros alumnos y ya se había llenado el cupo", ejemplificó el consejero.
Ante esto, la Consejería ha apostado este año por "entrar en diálogo directo con las familias" para ofrecerle, en caso de que no exista ya cupo en el centro escogido como primera y única opción, "una plaza cierta y una vacante real en otra escuela y no una expectativa de vacante". De este modo, se llamará a los progenitores y se les informará de las vacantes reales que existen para sus hijos y en qué centros "con el objetivo de que la elección se les pueda garantizar".
Según Álvarez de la Chica, esto supondrá "un esfuerzo muy grande para la administración, porque se trata de comunicación humana", pero, al mismo tiempo, una "mayor facilidad" para las familias.
