La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha defendido este viernes su decreto para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en Andalucía e insiste en que esta norma "refuerza" las competencias municipales al otorgarle la capacidad sancionadora y recaudatorio para la vigilancia y control de las actividades de los VTC.
Así lo ha apuntado tras conocerse el recurso presentado por 55 diputados del Congreso --entre ellos de de Unidas Podemos, Compromís, Bildu o Junts Per Catalunya-- y apoyado por el sector del taxi andaluz, que la Consejería espera que "no tenga ningún recorrido". Es más, ha considerado "absurdo" que parta de partidos de otras comunidades que, a su juicio, "no deberían inmiscuirse en leyes de otras comunidades que ni conocen ni les afectan".
La Consejería ha señalado la legalidad del decreto y ha recordado que se está elaborando el reglamento que lo desarrolla. "Pedimos la colaboración de todas las partes implicadas, puesto que está en el trámite de audiencia", ha detallado.
De igual manera, la Consejería que dirige Marifrán Carazo ha advertido de que su labor ha sido desarrollar la iniciativa legislativa impuesta por el real decreto-ley del que fuera ministro socialista de Transportes José Luis Ábalos.
"Nos obligan a todas las comunidades a regular los servicios ofrecidos por las VTC antes de octubre de 2022 y es lo que hicimos. Si el Estado hubiera querido ofrecer uniformidad en esta regulación no debería haber generado este descentralización de las competencias", argumenta.
Sin embargo, el colectivo de taxistas ha tildado este viernes de "atropello político" lo acometido por el Gobierno andaluz mediante el "decreto chapucero" que regula los vehículos de alquiler con conductor (VTC), por lo que, "traicionados" según ellos, han apoyado la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso.
De esta manera, en declaraciones a los periodistas frente al Palacio de San Telmo --sede de la Presidencia de la Junta--, el presidente de la Federación Andaluza de Élite Taxi, Rafael Baena, ha agradecido a los 55 diputados de Unidas Podemos, el grupo Republicano, el Mixto, Bildu y el grupo Plural, así como a la Asociación Taxi Projet, la presentación de este recurso de inconstitucionalidad.
"Los andaluces defendemos, como sector del taxi y ciudadanos, un atropello político por parte de la Junta, que quiere sacar adelante un decretazo chapucero, sin efectos, en beneficio de multinacionales y amiguetes", ha reprochado Baena arropado por el presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), Miguel Ruano, y por el diputado de Unidas Podemos en el Congreso Rafael Mayoral.
El recurso presentado advierte de que el decreto "incumple" el presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad que establece el Estatuto de Autonomía de Andalucía, vulnera la autonomía municipal "por no atribuir competencias propias a los ayuntamientos ni abrir canales de participación", junto a que fuera aprobado sin que "los ayuntamientos hayan podido intervenir directa o indirectamente en su elaboración", y, además, vulnera las competencias atribuidas al Estado en su artículo 18 bis.
Así, señala que los diputados que presentan el recurso son "conscientes" de la "grave" situación creada por la aprobación de esta normal y de la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a preservar la autonomía local y las competencias exclusivas del Estado en materia de transporte interurbano discrecional de los vehículos de arrendamiento con conductor, y seguridad de los ciudadanos.
Apuntan que aceptar "la extralimitación" de competencias realizada por la Junta de Andalucía supone una afectación al sistema de organización y distribución de competencias de la administración pública, "vulnerando las estatales e infringiendo sustancialmente la garantía constitucional de la autonomía local". Esto, a juicio de estos diputados, supondría "una inaceptable degradación democrática" que "no están dispuestos a tolerar".
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