El Gobierno andaluz reestructuraba hace poco su estructura, veía reducir en dos sus Consejerías y cesaba de sus funciones -algunos ya tienen nuevas ocupaciones- a seis de sus consejeros, aunque quizás el que deje un legado más doloroso y significativo sea Antonio Fernández, el jerezano que ha dirigido casi seis años la Consejería de Empleo, un periodo en el que se ha registrado el incremento más alto de la tasa de desempleo de la historia de Andalucía. Si el propio Fernández reconocía a los periodistas con ironía el día que tomaba posesión el nuevo Gobierno que el consejero de Empleo se había quedado en paro, no se lo ha debido tomar con tanto sarcasmo su sucesor, al que le deja de legado una tasa de paro del 26,33%, según los datos definitivos de la EPA de 2009. Y ha seguido subiendo en 2010.

El ya ex consejero de Empleo accedió a su puesto en el año 2004 con una tasa de paro, según la EPA (Encuesta de Población Activa) del 17,06%, mientras que el 2009 Andalucía cerraba con el 25,35% de desempleados, 851.493 andaluces buscando empleo en un mercado laboral nada competitivo que tardará en reactivarse. Las cifras, corregidas ya en enero, situaban el número de desempleados en el millón de andaluces (1.034.000) y elevaba al 26,33% la tasa de desempleados, cayendo la ocupación el 5,27%, lo que equivale a 160.900 trabajadores, con lo que la cifra total de ocupados se sitúa en 2.893.500.

La entrada de Antonio Fernández al frente de la Consejería de Empleo coincidió con una de las épocas de bonanza económica más importantes en la historia de Andalucía, en la que la promesa del pleno empleo era constante cada vez que se presentaban las perspectivas económicas o presupuestarias de la Comunidad, aunque la tendencia de creación de empleo y descenso de bajada del paro comenzó a truncarse en el año 2007 cuando empieza un incremento nada progresivo hasta llegar al 25,35% que alcanzó al cierre de 2009, (26,33% de forma definitiva) mientras la población activa iba incrementándose de forma progresiva, dada la incorporación al mercado de trabajo de la mujer y el alto porcentaje de jóvenes que accedían al ámbito laboral.


Siete puntos más de paro

En los cinco años y pico (no llega a los seis) de Antonio Fernández al frente de la Consejería de Empleo, el paro se ha incrementado en más de siete puntos, mientras la tasa de actividad se incrementaba en menos de cinco puntos (del 53,64% de 2004 al 58,29% en 2009) y las tasas de empleo se mantenían similares (del 44,49% de 2004 se pasó al 43,51% en 2009). Además, a lo largo del último año, se destruyeron 160.900 empleos, con lo que la cifra total de ocupados en Andalucía bajó a 2.893.500, a pesar de que las previsiones presupuestarias para 2009 sólo contemplaban la destrucción de 54.000 puestos laborales.

De hecho, sus programas estrellas para paliar la crisis, como son el Memta y Proteja, no han conseguido más que paliar el incremento del paro aunque con claras deficiencias incluso reconocidas por él, al margen de los retrasos -y ausencias- en el cobro de las prestaciones que lo complementaban.

Él mismo reconocía hace tres semanas en una entrevista con Europa Press (una antes de conocer su destitución) que los proyectos de obras “no han dado resultados ni claros ni oportunos” al estar tan concentrados en el tiempo, mientras admitía que para los nuevos proyectos -su idea era unificar el Memta y el Proteja en el mismo programa- deberán intensificarse los elementos de control sobre los sistemas de contratación “donde se detectaron algunas atipicidades” y donde va a exigir “una contratación más estable y por un tiempo determinado a través de las oficinas públicas de empleo”.


Baja productividad del empleo

Durante su etapa de consejero, Antonio Fernández ha justificado parte de los malos datos registrados en el desempleo por el incremento de la población activa, aunque el problema de fondo del mercado laboral andaluz sigue siendo el mismo, según se desprende del último número de Papeles de Economía, editado por la Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, y en el que se pone de relieve que la región, siendo la más beneficiada de los fondos estructurales europeos, éstos no se han empleado para cambiar el mercado laboral andaluz.

En ese informe, donde se recoge la incremento de la velocidad de convergencia de Andalucía con Europa, se destaca como en el último período de los fondos comunitarios el empleo aumentó en Andalucía un 104,8%, aunque el mercado de trabajo presenta un problema de baja productividad ya que el empleo creció seis veces por encima de la población entre 2000 y 2006.

Este problema “coloca a Andalucía en una posición delicada de cara a la próximos años” porque el actual marco comunitario de apoyo (2007-2013) es el último en el que recibirá importantes cuantías de recursos y por que se requiere un “golpe de timón en el modelo de crecimiento andaluz”.

El informe de Funcas aboga por apostar por la sociedad del conocimiento, la inversión en proyectos en I+Di, las nuevas tecnologías, la sostenibilidad y el empleo de calidad.

Apunta que el modelo basado en “meros aumentos de la tasa de empleo y despreocupado por los avances en la productividad del factor trabajo y por la calidad del empleo, se muestra agotado hoy en día”.

Los fondos se han destinado en el período analizado a crear y mejorar las infraestructuras de tipo físico y ahora pueden constituir un importante activo a rentabilizar en los próximos años, según el citado informe de Funcas

Por el contrario, la menor eficiencia de los gastos en formación de capital humano “exige una reflexión más profundas” porque se trata de una de las reformas pendientes en España, puntualiza.

La prueba del legado de Antonio Fernández al frente de la Consejería de Empleo queda reflejado también en el propio funcionamiento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a pesar del incremento de fondos que progresivamente se le ha inyectado, incluídas polémicas en la externalización de funciones, a través de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).


Cuestionando al SAE

Su escasa operatividad y capacidad de influir en el mercado laboral fue reconocida el pasado martes por el nuevo titular de Empleo, Manuel Recio, quien tuvo que pedir ayuda a empresarios y sindicatos para que se impliquen en el funcionamiento del SAE para que este servicio sirva para unir “de la mejor forma posible” la oferta y la demanda en la región.

El nuevo titular de Empleo recordaba que tanto empresarios como sindicatos son miembros del consejo de administración del SAE y participan en la planificación de las actuaciones de este organismo. Una de las prioridades actuales, según Recio, es hacer cada vez más eficaz la “unión entre oferta y demanda” del mercado laboral como instrumento que permita avanzar en la reducción del desempleo.

Los sindicatos llevan exigiendo, y de hecho es uno de los aspectos que contempla el VII Acuerdo de Concertación Social que han pedido reactivar ante la sangrante y perenne situación de desempleo, que se invierta en la modernización y la mejora de la gestión y eficacia de los servicios públicos de empleo, aumentando las plantillas de las oficinas para ser más eficaces ante la afluencia masiva de personas desempleadas, así como aumentar la intermediación y captación de oferta en estos servicios públicos.


Los cursos de formación: ¿Quién le pone el cascabel al gato?

Uno de los aspectos más cuestionables de la política desarrollada por Antonio Fernández al frente de la Consejería de Empleo ha sido el altísimo volumen presupuestario que se han destinado a los cursos de formación (para activos, parados, reinserción, etc) que no han conseguido, sin embargo, mejorar la cualificación de la masa laboral de la Comunidad, lo que se ha reflejado en las propias cifras de paro y en el cambio de rumbo que la ahora consejera de Presidencia, Mar Moreno, quiso dar a la formación profesional en su etapa al frente de Educación mediante dos decretos para fiscalizar esa formación respaldada por fondos públicos: su titulación deberá ser compatible con la reglada (más control) y la oferta de cursos la determinará la propia Administración.

Moreno hacía mucho hincapié en la presentación de esta nueva FP de la importancia de buscar la cualificación de los receptores de los cursos pero garantizando la calidad de la formación recibida al ser convalidables con módulos o especialidades de la formación reglada. Además del control formativo en sí, con certificados de profesionalidad, el cambio sustancial está en garantizar la efectividad de esos cursos, fiscalizar los fondos, no sólo por la posibilidad de utilizar las infraestructuras públicas existentes, sino también que quién los impartan ofrezcan igual o similar calidad que la formación reglada, algo nunca exigido.

Un ejemplo de la inversión que realiza la Junta en este tipo de cursos lo encontramos el pasado 29 de diciembre, cuando el Consejo de Gobierno aprobó una partida de 69 millones de euros para realizar 4.777 cursos de formación profesional en 2010 dirigidos tanto a desempleados como a trabajadores en activo, una programación que debe ajustarse a las 45 áreas territoriales y especialidades con demanda de empleo que ahora marca el SAE.

En este caso, la Junta financiará a las entidades colaboradoras con un total de 46,1 millones de euros (19,7 para la CEA y 13,2 para UGT y los mismo para CCOO), aunque del total 31,8 millones de euros se dirige al colectivo de personas desempleadas, con 549 cursos para 8.304 alumnos (15,8 para la CEA; 8,02 para UGT-A, y 8 para CCOO-A).

Hasta la fecha, Empleo sólo ha aportado datos de empleabilidad de aquellas iniciativas que incluyen compromisos de contratación o inserción laboral. Del resto de partidas destinadas a formación, nunca se han dado datos de su reflejo en la creación de empleo.


Algunos fantasmas pendientes

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, dejó caer el martes en su reunión con el nuevo consejero de Empleo algunos de los fantasmas laborales que siguen pendientes y que son herencia de la política de Antonio Fernández al frente de la Consejería de Empleo, entre ellas, la resolución final de los aspectos laborales derivados del cierre de Delphi, otro de los conflictos que han rodeado la titularidad del jerezano al frente de este departamento.

Carbonero dejaba claro que quedan pendientes de resolver conflictos laborales como Astilleros, Santana, Cartuja, varias empresas del Polo Químico de Huelva o del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA de Málaga) como Isofotón o Vitelcom, así como una recolocación nunca cumplida con los ex mineros de Boliden, que han protagonizado protestas y encierros de forma periódica desde que Fernández accedió a la Consejería de Empleo.

También recordaba el sindicalista que la Consejería tendría que tener un compromiso expreso, que nunca lo ha tenido, en las negociaciones colectivas, puesto que, según sus datos, en la actualidad existen 600 convenios colectivos cuya negociación están bloqueada.

Tampoco se quedó atrás Carbonero al recordar el necesario papel que debe jugar el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales -que se puso en marcha con casi una Legislatura de retraso y sin presupuesto de funcionamiento en el primer año de su aprobación- en la salud laboral y la prevención de riesgos. Para el dirigente sindical, a pesar de que se han puesto en marcha diversas iniciativas para controlar este ámbito, el Instituto “debe ser el único organismo legitimado para actuar en esta materia”.


El apoyo numantino a Rivas

Antonio Fernández ha mantenido un apoyo numantino al delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, desde que la jueza de instrucción que investiga el caso Mercasevilla lo citara a declarar como imputado por la presunta petición de 450.000 euros en comisiones ilegales al Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla.

Tanto Fernández como la defensa de Rivas han insistido en que no existen pruebas contundentes contra el delegado de Empleo, pues sólo existe una grabación de una conversación en la que se hace referencia a la participación de Rivas en los hechos. A pesar de estas consideraciones la titular del Juzgado de Instrucción 6, Mercedes Alaya, mantiene la imputación inicial de Rivas acusado de un presunto delito de cohecho.

El propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el desayuno con los periodistas parlamentarios, afirmó rotundamente que si terminada la fase inicial del sumario se mantiene la imputación contra Rivas, éste “tendrá que dimitir”, entre otras cosas, apuntó, porque tendría que “articular su propia defensa”.