Presenta una batería de iniciativas para conocer detalles sobre la liquidación de la deuda histórica
El PP ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias para que tanto el Gobierno andaluz como el central informen del acuerdo para la liquidación de la deuda histórica andaluza, y ha pedido información sobre si la empresa que ha tasado los activos de Agesa está homologada por el Banco de España.
La portavoz del PP-A, Rosario Soto, explicó que, por las informaciones que maneja su partido, la empresa que ha realizado la tasación de Agesa, una de las que forma parte de la liquidación de la deuda, es distinta a la que tasó el resto de los solares y no está homologada por el Banco de España.
El PP ha solicitado, mediante el artículo 7 del reglamento del parlamento andaluz, la copia “literal” del acuerdo definitivo entre el Gobierno autonómico y nacional, así como una copia del informe de tasación de los activos incluidos en el acuerdo “especificando la institución, organismo u empresa pública o privada” encargada de la tasación de los mismos y que sirvieron para liquidar la deuda.
Rosario Soto indicó que su partido “quiere conocer” del Gobierno andaluz si la empresa, cuyo nombre conoce el PP pero no desea que sea el Ejecutivo el que informe de ella, ha tasado Agesa y no el resto de los solares -que lo ha hecho Tinsa-, y sobre todo si no tiene la “obligatoria” homologación por el Banco de España.
Se preguntó también si la empresa que tasó en un principio los activos de Agesa en 300 millones es la misma que después lo hizo por 500 millones, por lo que anunció que su partido va a solicitar toda la información sobre este acuerdo en todas las instituciones.
“Con los datos que tenemos una sociedad que ha tasado Agesa no está homologada por el Banco de España”, indicó Soto, quien se mostró convencida de que cada vez es más evidente de que el PSOE y el Gobierno andaluz “nos han engañado” en la liquidación de la deuda histórica.
Por su parte, el PSOE-A consideró ayer que la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz que estima que “no procede instar la interposición de los recursos de inconstitucionalidad” pedidos por PP e IU contra los presupuestos del Estado y de la Junta por el pago en solares, constituye “un rotundo varapalo, un sonoro revés” para la estrategia de “confrontación” desplegada por PP e IU en torno a este asunto.
