Fuentes del caso han informado hoy a Efe de que la Policía, en un informe remitido al juzgado de instrucción 4 de Sevilla, indica que ha rastreado las llamadas recibidas por los diversos móviles que utilizaba la joven en enero y febrero de 2009, cuando supuestamente recibió la llamada amenazante, y no ha encontrado ninguna que pueda atribuir al hermano del asesino confeso, Francisco Javier D.M.
La joven Rocío P.G., de 15 años, denunció tal llamada amenazante en septiembre de 2009, ocho meses después de la desaparición de Marta, y el pasado 16 de marzo confirmó ante el juez la identificación que hizo de la voz de Francisco Javier como la persona que le dijo que iba a "rajarla" a ella y a su madre si contaba lo que Miguel C.D. le había confesado del crimen.
La joven no recordaba cuál de los cuatro móviles que utilizaba entonces recibió la llamada ni la fecha exacta, pero un primer informe de la Policía indica que no ha podido detectar ningún registro de llamada procedente de Francisco Javier o su entorno, han explicado las fuentes.
Francisco Javier compareció como imputado el pasado 16 de marzo ante el juez, en una pieza separada de la que investiga el asesinato de la adolescente sevillana y en la que está acusado de amenazar a la novia de su hermano.
La menor dijo que la llamada procedía de un número anónimo y que la recibió entre la desaparición de Marta, el 24 de enero de 2009, y la detención de Miguel, el 14 de febrero.
Estas diligencias, que han sido desgajadas de las que investigan la violación y muerte de Marta del Castillo, se abrieron después de que en septiembre de 2009 Rocío diese una nueva supuesta ubicación del cadáver de Marta en un descampado próximo a su domicilio de Camas (Sevilla).
Entonces explicó que no lo había dicho antes por miedo, ya que una persona le llamó por teléfono al móvil y le amenazó con "darle una paliza" y "rajar a su madre" si contaba lo que, supuestamente, Miguel le había confesado.
La Audiencia de Sevilla, en su última resolución sobre el caso Marta, confirmó la decisión del juez instructor de investigar estas amenazas por separado de la causa por la muerte de la adolescente, en la que la Fiscalía ha pedido 52 años de cárcel para el asesino confeso, Miguel C.D., y ocho para su hermano por encubridor.
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