En rueda de prensa para dar a conocer su Memoria de 2009, Segarra ha anunciado que imputará en el Juzgado de Menores a Javier G.M., de 16 años, los mismos delitos de asesinato y dos de violación que al asesino confeso, Miguel C.D., para quien ha pedido 52 años de cárcel.
Su escrito contra el menor tendrá "mínimas modificaciones" respecto a la acusación contra Miguel C.D., al que la Fiscalía imputa la violación conjunta y posterior asesinato de Marta del Castillo el 24 de enero de 2009.
La fiscal jefe ha dicho que el juicio con jurado en la Audiencia de Sevilla contra los cuatro mayores de edad se celebrará posiblemente en septiembre y ha anunciado que intentarán que ambas vistas se celebren con la máxima proximidad para que una no empiece con la sentencia ya dictada en la otra.
En su Memoria hace un "extenso informe sobre los problemas que hemos ido teniendo en los dos procesos" porque el caso Marta del Castillo "es paradigmático" de las dificultades derivadas de que un mismo delito sea enjuiciado en jurisdicciones distintas, en este caso ante el Juzgado de Menores y ante un jurado.
La fiscal jefe ha dicho que no se plantea denunciar ahora por falso testimonio a Rocío P.G., novia del asesino confeso, por sus distintas versiones sobre el paradero del cadáver porque es una tarea para después del juicio y una vez emitida la sentencia.
También ha opinado que "no es nada ilegal" la oferta de un millón de euros de un donante anónimo para quien aporte algún dato útil sobre el paradero del cuerpo y ha recordado que el juez de instrucción 4 de Sevilla, pese a haber concluido el sumario por la muerte de la adolescente, mantiene abierta unas diligencias para el hallazgo del cuerpo.
Segarra propone en su Memoria una reforma legal para que se decomisen los ingresos por publicidad de los programas de televisión que vulneren el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen.
Ha explicado que esta propuesta tiene su origen en las críticas que ha recibido su petición de que sea indemnizada en cien mil euros la menor de edad que era novia del asesino confeso de Marta y que fue entrevistada en un programa de televisión con total consentimiento de ella misma y sus padres.
Su propuesta consiste en que en aquellos casos de discrepancia entre los ingresos publicitarios del programa y el perjuicio causado, la diferencia se destine a fines de interés público gestionados por el Estado, en una iniciativa que según ha explicado también existe en Gran Bretaña.
Los tribunales "tendrían en sus manos un arma interesante para disuadir futuras intromisiones", afirma en su Memoria.
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