Con esta reforma "está en juego el mayor ataque y asalto al Estado de derecho, a la seguridad jurídica y a la separación de poderes"
El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha mostrado este jueves la preocupación del Gobierno andaluz por la rebaja de las penas del delito de malversación y ha denunciado que es el "paso atrás más grave en la historia de la democracia contra la corrupción".
En declaraciones a los periodistas tras participar en unas jornadas sobre "Andalucía por el futuro de Europa", Sanz ha censurado que la reforma del Código Penal, promovida por el gobierno central y que tiene previsto aprobar hoy el Congreso de los Diputados, "protege a los corruptos y condona la malversación" cuando "nunca desde la política se puede proteger la corrupción".
Con esta reforma "está en juego el mayor ataque y asalto al Estado de derecho, a la seguridad jurídica y a la separación de poderes", ha lamentado Antonio Sanz, que ha incidido en la "gran preocupación del Gobierno andaluz por unos hechos de extrema gravedad ya que es el mundo al revés y es la primera vez que se beneficia a los corruptos".
"Es un hito sin precedentes y un grave paso atrás en la historia de la democracia en la lucha contra la corrupción", ha aseverado el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo social y Simplificación Administrativa.
Asimismo, ha censurado que el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, "aplauda" dicha reforma y se "comporte como una mera sucursal del Gobierno de España" y le ha recriminado que su "sumisión a Pedro Sánchez no tiene límites y por eso cada día representa menos el interés de Andalucía".
También es, según Antonio Sanz, sorprendente que otros dirigentes socialistas como Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, y Javier Lambán, presidente de Aragón, se posicionan en contra de la reforma del delito de malversación mientras "Espadas está a favor".
Este jueves, en una tramitación exprés, llega al Pleno del Congreso la proposición de ley que elimina el delito de sedición del Código Penal y lo transforma en uno agravado de desórdenes públicos y que rebaja las penas para la malversación sin ánimo de lucro.
