El letrado del exalcalde de Gandia (Valencia) Arturo Torró ha pedido la suspensión del juicio por malversación que la Audiencia Provincial ha iniciado este lunes contra su cliente por un supuesto delito de malversación y fraude público en previsión de que el Congreso de los Diputados pueda cambiar el Código Penal en lo relativo al delito de malversación antes de final de año.
La petición, a la que se han adherido el resto de defensas, ha sido rechazada por el tribunal, que ha admitido que existe una "situación peculiar fruto del conocimiento que se tiene de las iniciativas legislativas", pero ha concluido que "ningún proyecto ni iniciativa vincula a los tribunales".
"En caso de que fructificase en un texto legal se aplicará, ahora no cabe hacer proyección de futuro", ha agregado el presidente de la Sala.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha iniciado hoy el juicio contra el exalcalde de Gandia Arturo Torró (PP, 2011-2015) y otros seis procesados por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación supuestamente cometidos en la adjudicación, a través de una empresa pública, de los servicios de comunicación del Ayuntamiento entre 2012 y 2015 a la firma Comarques Centrals Televisió.
El presente procedimiento se inició a partir de la querella interpuesta por los concejales socialistas José Manuel Orengo y Vicent Mascarell, y el Ayuntamiento de Gandia ejerce la acusación particular.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público el alcalde, a través de una empresa municipal, concibió, promovió y asumió la obligación de pagar a la mercantil que gestionaba el otro procesado diversas cantidades de dinero público, pese a que sabía que no había causa que lo justificase y causando un claro perjuicio para las arcas públicas.
La Fiscalía solicita para cada uno de los dos acusados una pena de prisión de 8 años. Igualmente, en concepto de responsabilidad civil, reclama que ambos procesados, de forma solidaria y directa, abonen al Consistorio un total de 480.000 euros por el perjuicio causado a las arcas públicas, más los intereses legales.
Aunque el fiscal únicamente acusa a Torró y al empresario responsable de la citada televisión, el Ayuntamiento de Gandia extiende las responsabilidades a Francisco Javier Reig, como vicepresidente de la empresa pública IPG y concejal del equipo de Gobierno; Antonio Abad, concejal; dos empresarios y la funcionaria responsable de supervisar y coordinar la actividad de IPG con el Ayuntamiento de Gandia.
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