El pleno del Parlamento de Andalucía aprobó ayer la primera norma autonómica de España que regula los derechos del paciente durante la última etapa de su vida y las obligaciones de los médicos que les traten, tanto en centros públicos como privados.

Mientras que PSOE e IU han respaldado los 33 artículos de la normativa, el PP ha votado en contra de tres de ellos, ya que defiende que los profesionales puedan acogerse a la objeción de conciencia, el "respeto" a la libertad individual y pide una "clara" regulación de los comités de ética. .

La denominada ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte regula la limitación del esfuerzo terapéutico, prohíbe el ensañamiento terapéutico y permite a los pacientes rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera artificial.

También da cobertura a la sedación paliativa para aliviar el sufrimiento de los enfermos aunque ello pueda "acortar su vida".

Solventa situaciones como la vivida por Inmaculada Echeverría en 2007, cuando la Orden Hospitalaria San Juan Dios pidió su traslado del Hospital San Rafael de Granada, dependiente de la citada orden religiosa y donde permaneció paralizada diez años la enferma con distrofia muscular, a otro centro público en el que se autorizó la desconexión de la ventilación mecánica que la mantenía con vida.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, reconoció que este caso ha sido una de las inspiraciones de la norma, que calificó de "vanguardista, valiente y sensible".

Queda fuera del paraguas legal la eutanasia activa y el suicidio asistido, ya que la comunidad no tiene competencia para legislar esta materia, tipificada como delito en el Código Penal.

Tampoco regula la objeción de conciencia de los médicos porque, según los juristas del Consejo Consultivo de Andalucía, debe ser una ley estatal la que lo haga.

"La ley traspasa nuestras fronteras y convierte a Andalucía en referente legislativo desde una posición respetuosa", señaló la consejera.

La ley, respaldada por el PSOE e IU, tiene como objetivo principal que prevalezcan los derechos del paciente a no recibir determinados tratamientos, así como al obligado cumplimiento de las garantías de estos enfermos por parte de cualquier institución sanitaria, ya sea pública o privada, incluso de raíz religiosa.

El texto también plasma que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán respetar las decisiones que éste tome sin imponerle sus propias opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas.

De igual modo, los facultativos tendrán la obligación de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estimen necesario para evitar la obstinación terapéutica.

El texto regula el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise, al tiempo que garantizará los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si así lo desea la persona, en su propio domicilio y siempre que no estén contraindicados.

Tal y como defendió la titular de Salud, la norma recoge el derecho de los pacientes que tengan que ser hospitalizados a una habitación individual durante su estancia, tanto en el ámbito público como en el privado, y a estar acompañados de sus familiares durante el proceso de la muerte.

Ana María Corredera (PP-A) expresó su "decepción" por "falta de diálogo y postura inflexible" de la Junta en el trámite parlamentario, y argumentó que hay "suficientes" instrumentos para ayudar a morir dignamente.

Andalucía, según dijo Corredera, no cuenta con recursos "necesarios" para garantizar la atención a estos pacientes, teniendo en cuenta "carencias" de la red sanitaria como las pocas habitaciones individuales.

José Manuel Mariscal (IU) calificó de "histórico" el momento por la capacidad legislativa de la comunidad y el desarrollo de uno de los artículos del Estatuto, el que regula los derechos de la ciudadanía.

Además, hizo un llamamiento al Gobierno central para que sea "valiente" y legisle y regule la eutanasia para poner a este país en la "senda de la modernidad" sin que grupos conservadores "le marquen la agenda".

A la ley se incorporaron nueve enmiendas de IU y dos del PP.