Dará cobertura a la sedación paliativa para aliviar el sufrimiento de los enfermos
El pleno del Parlamento andaluz aprobará definitivamente mañana el proyecto de ley sobre la muerte digna, la primera norma autonómica de España que regulará los derechos del paciente durante la última etapa de su vida y las obligaciones de los médicos tanto en centros públicos como privados.
La denominada Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte regula la limitación del esfuerzo terapéutico, prohíbe el ensañamiento terapéutico y permite a los pacientes rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera artificial.
También da cobertura a la sedación paliativa para aliviar el sufrimiento de los enfermos aunque ello pueda "acortar su vida".
La norma no regula la objeción de conciencia de los médicos ya que, según los juristas del Consejo Consultivo de Andalucía, debe ser una ley estatal la que lo haga.
El pleno incluye también la comparecencia de varios consejeros del Gobierno andaluz, entre ellos el de Turismo, Luciano Alonso, para informar de la nueva cultura turística; el de Vivienda, Juan Espadas, para explicar la ordenación territorial y las viviendas irregulares en la Comarca de la Axarquía (Málaga) y del titular de Gobernación, Luis Pizarro, que centrará su intervención en las actuaciones de la Junta contra los efectos del temporal.
A petición de socialistas y populares, el Ejecutivo andaluz hará igualmente balance de los dos años de legislatura.
En la sesión de control, prevista para el jueves, el líder del PP-A, Javier Arenas, preguntará al presidente andaluz, José Antonio Griñán, por las recomendaciones ante la crisis económica, mientras el portavoz de IU, Diego Valderas, le interpelará sobre el plan para paliar los daños del temporal en el medio rural.
Se debatirán, además, dos proposiciones no de ley del PP relativas a la bajada selectiva de impuestos y a la construcción de la red de Metro de Sevilla, y otras dos del PSOE-A sobre medidas de apoyo a las industrias culturales andaluzas y el impulso a las políticas públicas en materia energética.
