La ex novia de Miguel ratifica dónde estaría el cuerpo de Marta

Rocío, la menor de la localidad sevillana de Camas con la que mantuvo una relación sentimental Miguel C, el asesino confeso de la joven Marta del Castillo Casanueva, ratificó ayer ante la Policía Nacional la zona de Camas donde Carcaño le habría confesado que escondió el cuerpo.

En este sentido, fuentes del caso informaron a Europa Press de que Rocío se personó ayer ante el Grupo de Menores de la Policía Nacional (Grume) al objeto de volver a incidir en la zona donde, según la propia confesión de Carcaño, estaría el cuerpo de la joven desaparecida y presuntamente asesinada la noche del 24 al 25 de enero del pasado año 2009.

De este modo, las mismas fuentes indicaron que la zona señalada por Rocío es distinta a la apuntada por la familia de Marta del Castillo y también de aquella en la que se buscó a finales del pasado año sin resultado positivo, pues, según las mismas fuentes, es un espacio de terreno que únicamente ha sido objeto de reconocimientos visuales y al que no han accedido las distintas máquinas para remover la tierra.

Las fuentes informaron de que, en su comparecencia de ayer martes ante el Grume, la menor de Camas recogió su citación para el próximo día 12 del presente mes de marzo, fecha para la que el Juzgado de Instrucción número 4 ha fijado la audiencia preliminar previa a la remisión del caso a la Oficina del Jurado, una vista a la que también están citadas su madre, su padrastro, un hermano, su cuñada y la abuela, aunque el estado de salud de ésta última "hace complicada" su comparecencia.

Hay que recordar que el pasado viernes la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla emitió un auto en el que accedía a la petición de la familia para que se buscara el cuerpo de la joven en la localidad de Camas, todo ello a pesar de que el Juzgado instructor había negado por dos veces tal posibilidad esgrimiendo para ello un informe de la Policía que desaconsejaba la búsqueda.

TS matiza su nueva doctrina sobre los asuntos que son competencia del jurado

El Tribunal Supremo (TS) ha matizado el criterio que había fijado recientemente a seguir por las Audiencias Provinciales para determinar si un asunto debe ser juzgado por jueces profesionales o por un jurado popular en aquellos casos en los que los hechos sean constitutivos de delitos conexos.

El Supremo estableció el pasado mes de enero que los jurados deberán enjuiciar cualquier delito con cuya comisión se facilite o se procure la impunidad de otro cuya competencia ya venga asignada al Tribunal del Jurado, ampliando las atribuciones de esta institución a casos que hasta ahora veían los jueces profesionales.

La Sala de lo Penal decidió que el elemento determinante de la competencia sea la finalidad perseguida por el autor del delito.

Según ha informado hoy el Alto Tribunal, ahora los magistrados tras una nueva reunión han acordado que cuando existan dudas acerca de cuál es el objetivo principal perseguido por el autor de los hechos y uno de ellos, al menos, constituya delito de los atribuidos al Tribunal del Jurado la competencia se determinará de acuerdo con la que corresponda al delito más gravemente penado de entre los imputados.

El acuerdo adoptado por la Sala de lo Penal recuerda que el delito de prevaricación nunca será competencia del jurado.

De esta manera el Supremo unifica el criterio a seguir, después de que el pasado mes de junio anulara la sentencia contra Pedro Jiménez, condenado a 83 años de cárcel por la Audiencia de Barcelona por el asesinato y violación de dos mujeres policía en prácticas en el barrio de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat por considerar que debía ser un jurado el que se encargara de juzgar el caso, juicio que comenzó ayer.

Esta decisión suscitó las críticas de la Fiscalía Superior de Cataluña, que aseguró que la sentencia sobre el crimen de Bellvitge generaba dudas e incertidumbre.

En el caso de Marta del Castillo, la Audiencia de Sevilla ha ordenado que un jurado enjuicie al presunto autor del asesinato y violación de la joven, por entender que entre los delitos imputados existe la conexión prevista en la última jurisprudencia del TS.