Estas donaciones también se realizaban al PSOE, del que Barrientos -en libertad bajo fianza de 150.000 euros- era secretario local, aunque, según dijo, no conoce los pormenores, ya que lo llevaba José Flores, su jefe de Gabinete de Alcaldía, también en libertad bajo fianza de 150.000 euros.
Según recoge la parte del sumario levantada ayer por el juez instructor del caso, Jesús Torres, a la que ha tenido acceso Efe, Barrientos manifestó que los problemas de financiación del Ayuntamiento se trataban de resolver con medidas impositivas, ya que había restricciones en cuanto al uso del dinero procedente de los convenios urbanísticos.
Según Barrientos, cuando el Consistorio ha tenido problemas económicos no se ha dirigido a estos empresarios para financiar el Ayuntamiento, aunque reconoce haber recibido de Valle Romano obsequios en especie "que son los normales, como botellas de champán".
En relación a las donaciones, la Policía recoge que durante el registro del despacho de Luis Fernando Linares, consejero delegado de Valle Romano, hallaron una carta dirigida al Ayuntamiento en la que se hacía mención a la entrega de 700.000 euros "para que los gestionara de la manera más adecuada".
Sobre la valoración de los aprovechamientos urbanísticos, Barrientos declaró que ésta venía determinada por el jefe de servicios técnicos y que "el tema de los convenios lo llevaba el jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores".
Por su parte, Flores declaró ante el Ministerio Fiscal que "no tenía capacidad de decisión en la negociación de los convenios" ni formaba parte de la Comisión de Gobierno ni del pleno, aunque participaba en la negociación de algunos porque así se lo pedía el alcalde, Antonio Barrientos.
El empresario Antonio Bazán, en libertad bajo de fianza de 300.000 euros, aseguró a la jueza en relación a un convenio urbanístico en el que él es parte afectada que por el Ayuntamiento "negociaba principalmente José Flores, asistido por personal de Urbanismo y abogados".
El "caso Astapa" se inició tras la denuncia interpuesta por el actual alcalde socialista, David Valadez, y la concejala Cristina Rodríguez en noviembre de 2006 ante la Dirección General de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción al entender que podrían estar cometiéndose los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el Ayuntamiento.
De los 68 imputados que suma, 40 se encuentran en libertad sin fianza, 23 en libertad bajo fianza y sobre los cinco restantes no ha trascendido ninguna decisión judicial. EFE
Confusión entre lo público y privado en el Ayuntamiento
El sumario del "caso Astapa" revela "una gran confusión entre el interés público y el interés privado" en el consistorio "motivada por una relajación en la aplicación de las reglas de incompatibilidad". Según un informe policial contenido en la parte del sumario cuyo secreto se levantó ayer, esa "relajación" se producía "fundamentalmente en el área de Urbanismo".
Gran parte del personal técnico realizaba asesoramiento externo a empresas con interés urbanístico en el municipio, indica el sumario, que cita los casos de Valle Romano y Codelsa.
La Policía destaca en su informe, elaborado tras las declaraciones de ex concejal de Urbanismo Rafael Duarte, que la que era coordinadora de este departamento, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, "firmó las previsiones presupuestarias de Urbanismo" que el entonces edil de ese área se negó a firmar.
Añade que el jefe del Gabinete de la Alcaldía, José Flores, que estuvo encarcelado por este caso, "propició el encuentro" de Rafael Duarte con un empresario "con el objetivo de influir y presionarle para que se pronunciara de manera favorable" a sus intereses en relación a la paralización de unas obras.
Según el sumario, el concejal "no recuerda los casos concretos, pero puede ser, como hipótesis, que haya transmitido a personal técnico que se encuentra bajo su responsabilidad directrices procedentes de José Flores o de Antonio Barrientos (el ex alcalde socialista), para agilizar trámites que afectaban a intereses de particulares".
Precisa que tuvo conocimiento de algunos aspectos de la gestión de Francisco Zamorano, que era concejal de Hacienda, "que pueden estar en entredicho desde el punto de vista legal como los reconocimientos extrajudiciales de deuda a terceros o la externalización de servicios y concursos".
El "caso Astapa", con 68 imputados -23 de ellos en libertad bajo fianza-, se inició al denunciar el actual alcalde socialista, David Valadez, y la edil Cristina Rodríguez ante la Fiscalía Anticorrupción que podrían estar cometiéndose delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el Ayuntamiento.
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