Según informaron hoy la directora general de Violencia de Género de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Ana Soledad Ruiz, y la delegada provincial de Justicia, Francisca Amador, este sistema telemático unificado, que permite notificar de manera inmediata y con carácter confidencial las órdenes de protección de violencia de género entre los órganos judiciales y los organismos de asistencia y protección de las víctimas de malos tratos, recibió y transmitió en Sevilla la notificación de 155 órdenes de protección.
Tal y como destacaron, el Punto de Coordinación, que está ubicado en la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, permite garantizar con "mayor eficacia" las medidas de asistencia y protección de las víctimas coordinando la información de una manera segura, ágil y eficaz entre los diferentes organismos competentes.
De este modo, cada vez que recibe la notificación de una orden de protección desde un órgano judicial, el Punto de Coordinación lo comunica de forma inmediata, a cualquier hora del día y cualquier día del año, a todas las instituciones y organismos competentes de asistencia y protección social, los cuales deben de remitir posteriormente un acuse de recibo detallando el seguimiento de todas las actuaciones que lleven a cabo con las víctimas.
Concretamente, el protocolo establecido dispone que el Punto de Coordinación remita la comunicación al Servicio de Atención a las Víctimas (SAVA) para la asistencia en sede judicial; al Centro Provincial de la Mujer, para la utilización de los recursos del Servicio Integral de Atención y Acogida que se necesiten; o a cualquier otro organismo sanitario, social o de empleo que se requiera.
Los organismos de asistencia y protección social ofrecen a las víctimas información sobre las medidas que puedan derivarse de la orden de protección, les asesoran y acompañan en todo el proceso judicial, verifican su asistencia letrada, les orientan sobre los recursos sociales, sanitarios y de otro tipo disponibles que estén adaptados a sus necesidades, les ofrecen asesoramiento laboral y les facilitan las solicitudes de ayudas económicas gestionadas por el Instituto Andaluz de la Mujer que correspondan a las víctimas de violencia de género.
Así, las actuaciones realizadas por los organismos de asistencia y protección social quedan reflejadas en un apartado denominado 'Seguimiento', para que así cada uno de ellos, a través de la aplicación telemática, tenga conocimiento de la labor desarrollada. Y, además, el punto de coordinación realizará puntualmente un informe de evaluación de las medidas administrativas aplicadas a cada víctima.
MÁS DE 4.350 DENUNCIAS EN SEVILLA
La orden de protección viene regulada en la Ley 27/2003, de 31 de julio, y su objetivo fundamental es que, a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, la víctima pueda obtener un estatuto integral que impida la libertad de movimientos y el acercamiento del agresor, y que, al mismo tiempo, le proporcione medidas de seguridad, estabilidad y protección jurídica a ella y a su familia.
De esta forma, la orden de protección puede contener medidas penales, como el desalojo del agresor del hogar familiar o la prohibición de aproximarse a la víctima; civiles, como la atribución de la guardia y custodia de menores o la fijación de una pensión alimenticia; o sociales, como la concesión de ayudas y recursos asistenciales.
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, correspondientes a los nueve primeros meses de 2009, en la provincia de Sevilla se presentaron 4.358 denuncias por violencia de género, el 20,60% del total andaluz, y se acordaron 823 órdenes de protección, de un total de 4.206 en toda Andalucía.
En cuanto al sistema integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo que la acompañen, y que es competencia directa de la Dirección General de Violencia de Género, se ha atendido en el año 2009 en Andalucía a un total de 2363 personas de las que, 1.115 fueron mujeres y 1.248 menores a su cargo. En el caso de la provincia de Sevilla, el total de personas fue de 422, 219 mujeres y 203 menores a su cargo.
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