El alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo, y la delegada de Urbanismo, Carmen Pedemonte, dieron todas las vueltas del mundo para no decir con meridiana claridad que el no aceptar el convenio sobre los polvorines suponía, más tarde o más temprano, la opción de la expropiación forzosa. Y todo para justificar que la práctica totalidad de los afectados por la reserva de suelo se había adherido salvo el Ministerio de Defensa, por lo que según los dos munícipes, se demostraba que era una buena opción y así lo habían entendido casi todos.
No dijo que a la fuerza ahorcan, como se lo han señalado algunos pequeños propietarios, aunque sí se mostraba esperanzada Carmen Pedemonte en que en 2012 haya otros responsables políticos en el ministerio y el proyecto se pueda llevar adelante. Eso sí, un periodista le decía que en 2012 lo mismo había otro alcalde, aunque tendría que subrogarse a las hipotecas que firmen los que gobiernan ahora.
