El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, afirmó ayer que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, debería reducir el número de altos cargos de la administración andaluza antes de plantear que no se incorporen a ella más funcionarios.

En rueda de prensa, Sanz se refirió de esta forma a las declaraciones este fin de semana de Griñán quien dijo que la administración no necesita cada vez más funcionarios, porque no es posible sostener ese gasto y no hay país que lo pueda soportar, por lo que apostó por un "apagón analógico" en ella.

Sanz se mostró convencido de que antes de reducir el número de funcionarios "hay margen" para otras propuestas, y achacó esta propuesta que "como se ha quedado sin ideas se va a lo último que hay que hacer" cuando debería apostar por reducir el número de altos cargos y rebajar el peso del sector público empresarial.

Preguntado sobre cómo debería afectar el Plan de Austeridad para las comunidades auspiciado por el Gobierno, Sanz dijo que el Ejecutivo regional debería llevar a cabo un importante plan también acompañado de medidas en favor de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas.

De la misma forma, volvió a plantear la necesidad de bajar los impuestos de manera selectiva y realizar amplias reformas en la Administración, y precisó que de ninguna de las formas el PP aboga por recortes en sanidad, educación o gasto social.

Por su parte, los sindicatos CCOO-A y CSIF-A criticaron las palabras del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sobre los empleados públicos, de forma que, para CCOO-A, el presidente del Gobierno andaluz "ha perdido el norte" y está "formando una Junta paralela, con 30.000 empleados que prestan servicios privatizados por la Administración", mientras que CSIF-A consideró que "el verdadero agujero del gasto" reside en el "entramado de fundaciones y empresas públicas, cuyos y directores cobran más que Griñán".

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de FSAP CCOO-A, Felipe Falcó, consideró "una pasada" y una "salida de tono total y absoluta" las palabras de Griñán, tras lo que se preguntó que "si no fuera por los funcionarios, qué sería de la Junta".

Para Falcó estas palabras sobre el sector público, "van en la línea de afán privatizador de la Junta", tras lo que aseguró que CCOO-A "va a seguir peleando, porque la oferta de empleo público es insuficiente, diga Griñán lo que quiera, y si éste quiere ganar enemigos y perder votos, él sabrá".

Contra la privatización y el exceso de empresas públicas

El dirigente de CCOO-A aseguró que la Junta "se está privatizando y formando una administración paralela, con casi 30.000 empleados que no son de la Junta y trabajan para ella, en concreto en servicios privatizados".

"Se trata de adelgazar el capítulo II engordando otros capítulos", aseveró Falcó, para el que la actitud de Griñán "es un desatino, pues hace cuatro días estaba defendiendo lo público frente a lo privado".

Recordó que los empleados públicos "no estamos defendiendo ningún tipo de privilegio ni ningún tipo de aumento salarial sólo que el empleo público aumente para que se preste un servicio de calidad".

Sobre la oferta de empleo público, Falcó espera que la Junta "no baje de las 250 plazas, espero que las negociaciones vayan al alza", tras lo que precisó que CCOO-A hará una contrapropuesta, de forma que el sindicato calcula unas 1.500 plazas necesarias para satisfacer las necesidades de la Junta.

"La Comunidad ahora necesita más empleo y servicio público de calidad, y no animan demasiado las palabras del presidente, que está siguiendo la corriente de lo que hay ahora, donde parece que todos atacan a los empleados públicos", aseveró.

Por su parte, la secretaria general de Autonomía de CSIF-A, Alicia Martos, consideró que "Griñán, en el puesto que ocupa, debería saber dónde está el déficit del sector público", tras lo que apuntó que éste "está transmitiendo a la sociedad una idea errónea de que sobran funcionarios, cuando número de empleados públicos son los que la Junta decide mediante instrumentos como la relación de puestos de trabajo (RPT), donde se determinan el número de empleados necesarios para dar servicio a los ciudadanos".

"Las necesidades nadie se las impone a la Junta, se determinan en la RPT de todas las consejerías para gestionar políticas públicas y si se determina un número de empleados públicos en la planificación de recursos humanos es porque la Administración entiende que la necesita", aseveró Martos a Europa Press, quien denunció también la existencia de una "administración paralela, que ya fue denunciada por Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, que acusó a la Junta de crear solapadamente una administración paralela".

Agregó que analizando los presupuestos de la Junta para 2010 "los capítulos de personal sí se han recortado y los únicos que no tienen recortes son las corporaciones de derecho público, fundaciones, empresas públicas o agencias empresariales, cuyos responsables cobran más que Griñán".

"No es posible mantener el gasto de esa administración paralela, mientras que la mayoría de funcionarios ganan 1.000 euros al mes, lo cual no provoca un agujero en las cuentas del sector público", añadió Martos, quien consideró que "lo que sí es caro es que cada día se publiquen en el BOJA encomiendas de gestión a fundaciones y empresas públicas".

Lamentó que no han recibido de la Junta ninguna petición para retomar la negociación sobre la oferta de empleo público.