Astilleros de Huelva firma una nueva cesión a Álvarez García

Astilleros de Huelva, respondiendo a una petición de los trabajadores, ha firmado una nueva cesión de poderes, que anula la del pasado lunes, según los términos requeridos por la Agencia IDEA, a la que se le remitió este nuevo documento el martes.

Según indicaron a Efe fuentes de la empresa, lo que se ha llevado a cabo es una nueva firma del poder ante notario, por parte del presidente del Consejo de Administración de Astilleros de Huelva, Antonio Moreda, en la que se especifican las responsabilidades que tendrá el apoderado José Luis Álvarez García.

Estas mismas fuentes apuntaron que una de las mayores diferencias entre los primeros y éstos es que el apoderado "tiene potestad para pedir el cese de la actividad naval o del fin de la licencia para la construcción de buques".

Por ello, la empresa mostró su sorpresa porque hayan sido los propios trabajadores los que el martes solicitaran la firma de la cesión de poderes según los términos de IDEA incluyendo este apartado al que se oponía desde un principio el comité de empresa, pues "incluso en la propia hoja de ruta la expresión cese de actividad incluso se cambio por reestructuración".

Estos poderes, a los que ha tenido acceso Efe, delegan en el apoderado muchas más competencias que el primer documento ampliando sus facultades en aspectos como la representación general; en asuntos jurídicos-procesales, societarios y registrales; en finanzas, tesorería, seguros y administración en general; en personal y en contratación.

Por su parte, desde la Agencia IDEA se confirmó a Efe que esta nueva documentación se recibió el martes por la noche y que ayer comezó la valoración por los servicios jurídicos.

Mientras, el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, aseguró ayer que la Junta está preparada para emprender acciones legales por si Astilleros de Huelva y Sevilla no les remite la documentación necesaria en la fecha límite.

Martín Soler, explicó en declaraciones a los periodistas en Jaén que "en previsión" han puesto en marcha las medidas jurídicas y están preparados para ello, actuando entonces con "autoridad y responsabilidad".

Asimismo, insistió en que "no se trata de una intervención pública sino de poner encima de la mesa los préstamos que les hemos dado a la empresa, la ejecución de esos préstamos, las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar por lo que ha ocurrido en la compañía".

Soler señaló que aunque el martes recibieron de nuevo "alguna documentación complementaria" para seguir avanzando en la hoja de ruta marcada con la empresa, la información llega "con lentitud" que no es "razonable", y además aún falta "el documento más importante" que es la cesión de los derechos políticos al administrador, por el cual la empresa "cede la capacidad de tomar decisiones al administrador único como garante de la estabilidad y del futuro de los astilleros".

Por eso manifestó su deseo de que la empresa "por favor cumpla con su deber y su obligación", y de una respuesta, porque están en riesgo 2.000 puestos de trabajo, 2.000 familias.

Por último, insistió en que "el tiempo se acaba" y que ha habido dos contratos de armadores noruegos y chipriotas que han anunciado una "posible recesión de los contratos de dos barcos que ya se estaban construyendo".