Incoan diligencias previas tras la denuncia del PP por el Sapu 5

El Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva ha decidido incoar diligencias previas, tras una denuncia presentada por el PP de Punta Umbría contra el alcalde de la localidad, Gonzalo Rodríguez Nevado (PSOE), y otros dos ediles por cuatro presuntos delitos, entre ellos, falsedad de documento público.

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  • Cansino mantiene que con el proyecto el Ayuntamiento pierde 30 millones de euros.

   El Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva ha decidido incoar diligencias previas, tras una denuncia presentada por el PP de Punta Umbría contra el alcalde de la localidad, Gonzalo Rodríguez Nevado (PSOE), y otros dos ediles por cuatro presuntos delitos, falsedad de documento público, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación y fraude en la contratación, en la venta del Suelo Apto Para Urbanizar (SAPU 5) del municipio.

 

El grupo socialista defiende que el proyecto del Sapu 5 es impecable

 

   Según consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, "los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", por lo que "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido es procedente instruir diligencias previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable".

 

 

   El presidente del PP de la localidad, José Carlos Hernández Cansino, ya explicó en una rueda de prensa el pasado mes de octubre que, "tras la aprobación del pliego de condiciones, la hoja 12 preveía un plazo de presentación de ofertas de dos meses, que fue aprobada en el pleno municipal", por lo que cuando concluyó este tiempo, el pasado 14 de octubre, "el PP solicitó ver el expediente y no costaba esta hoja con el plazo sino que el alcalde había ordenado aumentarlo a tres meses".

 

 

   Además, según explicó el popular, "ninguna empresa se ha presentado al concurso, ha desaparecido un documento del expediente y se ha falseado un dato que podría producir un fraude en la contratación, porque habrá empresas que deseen presentarse que no lo hagan porque crean que el plazo ya está agotado".

 

 

   Recordó además que "con este proyecto el Ayuntamiento pierde 30 millones de euros, 15 millones de la reducción del 25 por ciento de su valor inicial --que fue excusado por el Ayuntamiento alegando a la crisis-- y unos 16 millones por el valor de las dos parcelas que se dedicarán a apartamentos turísticos y que en cinco años serán viviendas libres y se podrán vender por unidades a un valor mayor".

 

 

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