Las asociaciones de alquiler de vehículos VTC de Andalucía Andeval y Unauto han advertido hoy de que las exigencias del taxi sobre la regulación de este servicio "condenarían al sector a su desaparición con la expropiación de licencias y restricciones arbitrarias a su actividad".
En un comunicado, ambas asociaciones sostienen que las exigencias de los taxistas a la Junta de Andalucía pasan por replicar el modelo aprobado en Cataluña con el establecimiento de restricciones desproporcionadas en la operativa del sector que podrían, como mínimo, eliminar el 25 % de los servicios que actualmente disfrutan los usuarios en Andalucía, con la extinción de hasta 8.500 puestos de trabajo y un importante daño a la economía de la región.
Según Ignacio Manzano, presidente de Andeval, es una "buena noticia que la Junta de Andalucía haya decidido aprobar una regulación para un sector que usan casi la mitad de andaluces y que da empleo estable a 8.500 personas", pero advierte de que "lo preocupante es que el taxi esté ejerciendo presión para implantar ciertas restricciones arbitrarias, cuya finalidad sería la limitación de la actividad del sector y, en última instancia, su destrucción encubierta".
Indican que las restricciones que los taxistas está proponiendo a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda el sector incluyen, entre otras medidas, el establecimiento de una longitud mínima para los vehículos VTC, un tiempo mínimo de precontratación, como en Cataluña, y la obligatoriedad de que las autorizaciones hayan prestado servicio durante los últimos doce meses.
"Si la Junta de Andalucía acepta las imposiciones de los taxistas seguiría la senda de Cataluña donde el sector VTC está casi desaparecido y se producen largas colas de espera a taxis y autobuses", han advertido ambas organizaciones, que recuerdan que la UGT ha alertado que defenderá a los más de 8.500 trabajadores del sector VTC en Andalucía.
Además, afirman que todas estas restricciones no sólo son contrarias al interés general y ponen en peligro miles de puestos de trabajo y están "dirigidas a contentar al sector del taxi tras su protesta -ayer en Sevilla se manifestaron más de un millar de taxistas de Andalucía-, sino que además son de dudosa constitucionalidad al implicar el cierre arbitrario de empresas y el establecimiento de límites a la gestión de las mismas, propios de países ajenos al entorno de la Unión Europea".
Asimismo, alertan de que la reducción de oferta de movilidad en Andalucía tendrá un efecto perjudicial sobre el turismo y la hostelería, la imagen de la región y la experiencia de movilidad de los visitantes.
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