Junta y Astilleros alcanzan un principio de acuerdo

y Astilleros de Huelva han alcanzado un principio de acuerdo que regularía las acciones "inmediatas" para aprobar el nombramiento de los dos apoderados propuestos por el entidad pública, con la aceptación de agentes sociales y económicos; así como la cesión formal del 51% de los derechos políticos de la empresa en favor de los nuevos apoderados.

Según informaron fuentes del Departamento de Martín Soler a Europa Press, el encuentro se desarrolló en un clima de "mutua colaboración" y contó con la participación, igualmente, de representantes de Pymar y de la Gerencia del Sector Naval del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En este marco, se alcanzó el compromiso, por parte de IDEA y Astilleros de Huelva, de plasmar en un documento jurídico las obligaciones futuras para ambas partes antes del próximo viernes "como punto de partida que permita desbloquear la hoja de ruta impulsada por el Gobierno andaluz en defensa de empleo y la actividad naval en Sevilla y Huelva".

A partir de esta fecha, Astilleros de Huelva convocará una junta general extraordinaria de accionistas para aprobar el nombramiento del ex director de Izar José Luis Álvarez García como administrador único de Astilleros de Huelva; y del ex directivo de la industria hispalense en su etapa pública Ángel Díaz-Munío Roviralta como apoderado de Astilleros de Sevilla, con todos los acuerdos y modificaciones estatutarias que resulten necesarias.

El principio de acuerdo recoge que, con independencia de los plazos legales para la convocatoria de esta junta general de accionistas, tanto Álvarez García, como Díaz-Munío comenzarán a desempeñar sus funciones al frente de los dos astilleros de manera inmediata, actuando como interlocutores ante los armadores, Pymar y los representantes de los propios trabajadores.

Por su parte, fuentes del sector indicaron a Europa Press que este acuerdo, alcanzado tras unas "intensas negociaciones", supone la continuación del trabajo en el desarrollo de la hoja de ruta ideada por el Gobierno andaluz para ambas factorías. Así, explicaron que las partes acordaron elaborar un documento para desarrollar la hoja de ruta "y así corregir las lagunas y vacíos legales detectados".