Andalucía ha tramitado 19 solicitudes de eutanasia desde la entrada en vigor hace ahora un año de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, de las que se han llevado a cabo once. Además, seis peticiones han sido rechazadas y otras dos están pendientes de resolución.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que han precisado, además, que a fecha de 20 de junio, se han inscrito 523 profesionales sanitarios al registro de objetores de conciencia a realizar la prestación de ayuda a morir, 257 en el año 2021 y 266 en 2022.
La eutanasia está permitida en la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, que entró en vigor el pasado 25 de junio de 2021 y que establece que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".
La comunidad constituyó el pasado mes de noviembre la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda a morir en Andalucía, formada por 13 miembros, de los que cinco son titulados en Medicina, otros cinco en Derecho y tres en Enfermería, entre los que hay un presidente, un vicepresidente y once vocales, y que está prevista en la propia Ley de Eutanasia.
Esta comisión se reúne una vez al mes para actuaciones de verificación previa como resolver las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable deniega su solicitud, dirimir posibles conflictos de intereses de los profesionales implicados o acreditar si la prestación se realiza de acuerdo con los procedimientos previstos en la normativa.
Este mismo viernes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha indicado en un acto para conmemorar el primer año de la Ley de Eutanasia, que en España se han practicado en este periodo 180 eutanasias, de las cuales en 22 se han donado sus órganos y se ha permitido realizar 68 trasplantes.
En este sentido, Darias ha asegurado durante el acto que las solicitudes de los pacientes para la prestación de esta ayuda se está realizando en un marco de "pleno compromiso" con los equipos y, por ende, el ejercicio de "este derecho" se está desarrollando "adecuadamente".
