La Cámara de Cuentas ha considerado que "no se justifica" en el 39,13% de los expedientes fiscalizados, entre 2018 y 2019, la tramitación de emergencia por parte de la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades que conforman el sector público andaluz.
Así lo señala en su informe sobre 'Fiscalización de cumplimiento de la contratación pública de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas: Análisis de las actuaciones de emergencias tramitadas al amparo del artículo 120 de la LCSP. Ejercicios 2018 y 2019'. En concreto, estos ejercicios corresponden al último año de gobierno del PSOE-A y el primero del Gobierno de Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs).
El informe también apunta que en el 50% "no queda justificado" que no hubiese sido posible remediar los daños utilizando otros procedimientos menos restrictivos de la concurrencia. En este sentido, señala la tramitación abreviada o urgente o utilizando el procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia.
Además, el 32,6% no queda acreditado que la tramitación de emergencia se limitara a lo "estrictamente indispensable" en el ámbito objetivo y temporal para remediar los daños derivados de esa situación. Asimismo, señala que el 36,9% de las actuaciones obedecen a una necesidad que fue previsible y no sobrevenida para el órgano de contratación.
Asimismo, la Cámara de Cuentas ha indicado que el 32,6% de los expedientes fiscalizados han tenido prorrogas y ampliaciones en los plazos inicialmente establecidos para el desarrollo de la prestación. Y, en concreto, detalla que, en 2019, las ampliaciones aprobadas por la Dirección General de Infraestructuras incrementaron un 178% el importe de las actuaciones de emergencia originarias y un 164% los plazos iniciales de ejecución.
Ante estas situaciones, el ente fiscalizador insta a evitar y restringir el uso de la tramitación de emergencia a solo cuando resulte "imprescindible" y recomienda "justifica, motivar e intensificar la concreción de las razones" para su uso.
CONTRATOS FORMALIZADOS
El número total de contratos formalizados por la Junta y las entidades del sector público andaluz en 2018 fue de 68.214, por un importe de 2.507,9 millones de euros. En el caso de 2019. se formalizaron 79.018 contratos, un 15,8% más que el año anterior, por 3.162.5 millones, lo que significa un 26,1% más.
Por último, la Cámara de Cuentas destaca el "ingente" volumen que representa la contratación menor en 2018 y 2019, con un uso " generalizado" especialmente en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuyos contratos menores suponen el 89,7% del total de adjudicados del secto público en 2018 y un 86,4% en 2019.
Además, en 2018, el 1,4% el número total de los contratos adjudicados por la Junta se adjudicaron por procedimiento abierto, 0,16% por procedimiento negociado y el 95,9% mediante la contratación menor. En 2019, se registró un 2,9% en abierto, 0,26% negociados y 93% de contratación menor.
