Los alcaldes de PSOE-A, PP-A, IULV-CA y PA presentes en ese órgano coincidieron en valorar de manera positiva la iniciativa del Gobierno andaluz de poner en marcha este proceso, en virtud de lo que se recoge en el Estatuto de Autonomía, pero estiman que no pueden dar su respaldo a los dos proyectos de ley que se han remitido a la Cámara porque no han sido atendidas las principales demandas del municipalismo, según informó a Europa Press el presidente de la FAMP y alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano.
"Valoramos positivamente la decisión del Gobierno andaluz de haber afrontado la elaboración de estos dos proyectos de ley, algo en lo que Andalucía es una comunidad pionera, y de haber cumplido el compromiso de presentarlos en la Cámara antes de final de 2009, si bien no podemos avalar su contenido y demandamos que durante su tramitación parlamentaria se hagan las modificaciones oportunas", indicó Toscano al término de la reunión de la Ejecutiva, que se celebró en Antequera (Málaga).
"No estamos satisfechos con esos dos proyectos de ley, tal y como han llegado al Parlamento", insistió Toscano, que recalcó que no pueden avalar las citadas leyes hasta que no se hagan modificaciones en las mismas. Por ello, desde la Ejecutiva de la FAMP se hizo un llamamiento unánime a los grupos políticos en el Parlamento "para que negocien de manera constructiva y den cabida a las posiciones y demandas" de la federación y que en este momento no están recogidas en los proyectos de ley, al tiempo que se llevarán mociones a todos los ayuntamientos en apoyo a este posicionamiento.
En relación con el proyecto de Ley de participación de los entes locales en los tributos de la comunidad, la Ejecutiva de la FAMP plantea que entre en vigor en este mismo ejercicio una vez que sea aprobada por el Parlamento (algo que está previsto antes de que finalice junio) y que el plazo previsto para alcanzar la dotación de 600 millones en el fondo que se crea se acorte en un año, esto es, que se llegue a esa cifra en 2013, en lugar de 2014.
Asimismo, aboga por que en lo que respecta a la actualización que se haga de ese montante a partir de 2013, en lugar de citarse en la ley que se tendrán en cuenta "determinados impuestos" se haga referencia "a la totalidad de los tributos". Toscano señaló que durante la reunión de hoy no se ha entrado en el debate sobre si la participación de los entes locales debe ser sobre los tributos, los ingresos o los recursos de la comunidad, algo en lo que discrepan los partidos a nivel regional.
En referencia al proyecto de Ley de Autonomía Local, Toscano manifestó que ha sido unánime la opinión de que el texto que se ha remitido al Parlamento se "ha devaluado y descafeinado" en relación con el anteproyecto de ley que en su día planteó el Gobierno.
Las principales reivindicaciones de la FAMP se centran en que esa ley tiene que ser "de verdad estatuyente y no sólo de palabra" y marcar el espacio local de manera sólida con un "un blindaje de competencias mínimas de lo local". Toscano explicó que la futura ley debe ser "más rotunda a la hora de especificar que las competencias de ayuntamientos no sólo son propias, también sino mínimas y exclusivas", al tiempo que deben "desaparecer de la misma todos aquello que un tiene reflejo de tutelaje autonómico".
La Ejecutiva de la FAMP lamentó que en el proyecto de Ley no se hayan recogido dos aspectos "fundamentales" que fueron valorados de manera positiva por el Consejo Consultivo de Andalucía cuando el texto estuvo en su seno. Se refirió a definir las relaciones institucionales en materia económica entre la Junta y los ayuntamientos, y a la creación del consejo de gobierno local, un órgano con capacidad de informar sobre todas aquellas normas que afecten al mundo local y de poner cualquier "reparo" o "barrera" ante cualquier aspecto que no fuera conveniente para el municipalismo. Toscano lamentó que pese a que el Consejo Consultivo no puso pega alguna a estas propuestas, el proyecto de Ley de Autonomía Local remitido al Parlamento finalmente no las recoja.
PP pide la retirada de las leyes locales del Parlamento y la dimisión de Pizarro
Tras este rechazo, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, solicitó la retirada del Parlamento andaluz de los dos proyectos de Ley, al tiempo que exigió la dimisión del consejero de Gobernación, Luis Pizarro, "desacreditado" por su propio partido.
En declaraciones a Europa Press, Sanz aseguró que este pronunciamiento de la FAMP deja en el "más absoluto y monumental de los ridículos" a Pizarro, quien, según dijo, está "obligado" a retirar ambos proyectos de ley de la Cámara andaluza, donde fueron remitidos a finales del pasado año 2009.
Asimismo, el dirigente popular indicó que la FAMP da finalmente la razón a las críticas realizadas por su formación sobre el contenido de las leyes locales. "La federación coincide con el PP en que se trata de unas normativas claramente insatisfactorias para las necesidades reales de los ayuntamientos y su futuro, así como para garantizar el pacto local y una financiación suficiente", agregó.
En esta línea, Sanz destacó que la FAMP también coincide con su formación en que se retiren las tutelas de la Junta sobre los ayuntamientos, en la necesidad de aclarar las competencias y de blindar un fondo incondicionado, en la aplicación "inmediata" en 2010 de los efectos de ambas leyes y en una revisión de la financiación, "que deberá incrementarse de forma sustancial".
Para el secretario general del PP-A, el rechazo del contenido de las leyes locales por parte de la FAMP supone un "claro síntoma" de que el Gobierno andaluz y el PSOE llevan "distintos caminos" y que se encuentran en una situación de crisis y de "descomposición" política.
Sanz le recordó a Pizarro las acusaciones que éste hizo sobre presiones por parte del PP a sus alcaldes para que rechazaran los proyectos de leyes locales. "Ahora le preguntamos si también hemos presionado a los alcaldes socialistas", apostilló Sanz.
Por último, anunció que el PP va a presentar mociones en todos los ayuntamientos en los que tiene representación instando a que se retiren del Parlamento estos proyectos de ley y a que se apueste por un modelo alternativo que garantice la segunda descentralización para los entes locales y una financiación "suficiente y adecuada".
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