El
Juzgado de Familia de Jerez es el que tramita un mayor número de asuntos de toda la Comunidad autónoma, según la
memoria del ejercicio 2021 presentada por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En concreto, esta instancia judicial ingresó el pasado ejercicio un total de 3.012 asuntos, cuando la carga de trabajo referencial se sitúa en 1.323. Para hacerse una idea del volumen de trabajo que absorbe este juzgado, baste señalar que el siguiente juzgado en media de asuntos ingresados, el de Algeciras, no pasó de los 1.696 casos.
De ahí que el propio TSJA advierta de la necesidad de “volver a aumentar la planta actual” de los juzgados de Familia de Andalucía, “singularmente en los partidos judiciales de Córdoba y Jerez”, lo que podría abrir la puerta a la creación de una segunda instancia judicial en la ciudad, lo que le equipararía a Almería, Córdoba o Huelva.
Durante el año 2021 ya ha estado adscrito, con funciones de refuerzo, un Juez de Adscripción Territorial a los Juzgados de Familia de Córdoba y Jerez.
La mayoría de los asuntos de familia corresponden a
divorcios consensuados (18%), divorcios no consensuados y modificación de medidas consensuadas (12% cada uno), medidas coetáneas e incidentes y liquidación de régimen económico (10% respectivamente).
La memoria del TSJA constata que tres instancias judiciales concluyeron el ejercicio con más asuntos pendientes de resolver que al inicio del mismo.
Especialmente llamativo es el caso de los
juzgados de lo Social, que iniciaron 2021 con 5.040 asuntos pendientes de resolución y concluyeron con 5.741. A lo largo del ejercicio esta instancia resolvió 2.658 asuntos, pero registró 3.376.
Este repunte de la actividad se justifica en las consecuencias derivadas de la crisis económica, un escenario ante el cual se presenta “un futuro incierto” con previsión de que se produzca un “incremento de la litigiosidad en índices elevados”.
En este contexto, el TSJA advierte de que “una parte muy importante de la materia que se tramita (que puede estar cerca del 50%) son procesos en materia de prestaciones de Seguridad Social (incapacidad permanente, incapacidad temporal, discapacidad o desempleo), procesos que requieren de una pronta decisión al afectar a prestaciones básicas para el ciudadano pero cuya resolución está tardando en llegar meses cuando no años”.
En la mayor parte de estos procedimientos, la única prueba que se practica en el juicio es la documental, por lo que tras el examen de la misma y las conclusiones queda el juicio concluso para sentencia.
El juicio en sí “no aporta ni añade información relevante que no pueda hacerse llegar al órgano judicial por escrito”. Por tanto, “introducir una tramitación escrita similar a la existente en el ámbito procesal civil para el juicio verbal, dando la posibilidad de dictar sentencia sin vista, permitiría que en un corto periodo de tiempo pudiera dictarse la resolución final con las mismas garantías”.
También aumentaron los asuntos pendientes de resolver en los
juzgados de lo Penal (de 1.619 a 1.864) y en el de Menores (de 75 a 81). Disminuyeron por el contrario en los asuntos penales abordados por los j
uzgados de Instrucción (de 1.875 a 1.758), en la vía Contencioso Administrativa (de 759 a 558), y en los asuntos penales tramitados en la sección octava de la Audiencia Provincial (de 131 a 116).
El TSJA sigue advirtiendo por último de las “importantes deficiencias” que presentan las
instalaciones judiciales de Jerez, abogando por “sedes unificadas o edificios de nueva planta” que sustituyan a los actuales, donde en algunos casos existen incluso “problemas de accesibilidad”.
